Los representantes de los damnificados cuestionaron la demora en la investigación judicial y la ausencia de allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos.
Los abogados de los damnificados por Global Market denunciaron que una audiencia clave fue desactivada y cuestionaron que, a más de tres meses del inicio de la investigación, todavía no se han secuestrado celulares, computadoras ni documentación para rastrear el destino de los cerca de $4.000 millones denunciados.
La causa por la presunta estafa de Global Market sumó este lunes un nuevo capítulo. Los abogados querellantes Marcelo Arancibia y Vanesa Laciar, que representan a parte de los damnificados, denunciaron que una audiencia clave prevista para esta semana quedó sin efecto y advirtieron que la falta de medidas de prueba podría comprometer la posibilidad de recuperar el dinero.
“La estafa más grande de la historia de San Juan fuera del sistema bancario se está convirtiendo en el crimen perfecto”, señalaron al cuestionar la actuación de la Justicia en el expediente.
El planteo surgió luego de que los abogados fueran notificados del rechazo de recursos vinculados a medidas cautelares que pretendían discutir en una audiencia prevista originalmente para esta semana. Según explicaron, esa instancia era para insistir con allanamientos, secuestro de celulares, computadoras, documentación y otras medidas destinadas a reconstruir el recorrido del dinero denunciado como desaparecido.
Días atrás, el fiscal federal Fernando Alcaraz concluyó que los hechos no encuadran dentro de los supuestos excepcionales que habilitan la intervención de la Justicia Federal. Sin embargo, todavía no es una sentencia, por lo que faltaría que el juez federal Rago Gallo lo determine.
Más allá de la discusión jurídica sobre si la causa debe tramitarse en la Justicia provincial o federal, los querellantes sostienen que el verdadero problema es otro. “Mientras se discute quién tiene que investigar, nadie está buscando la plata”, resumió la abogada Vanesa Laciar.
La preocupación se centra en que, pese a que la investigación ya cuenta con una descripción detallada de la maniobra denunciada, todavía no se habrían realizado medidas consideradas fundamentales para determinar dónde terminaron los fondos aportados por los inversores. Los abogados sostienen que los principales denunciados continúan utilizando computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos que podrían contener información relevante para la causa. “Si los registros están en criptomonedas, eso se puede borrar. Los denunciados siguen usando sus computadoras y celulares”, advirtieron.
Entre los planteos más reiterados aparece la ausencia de allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos, herramientas que, según los querellantes, podrían aportar elementos para reconstruir movimientos financieros y eventuales transferencias de dinero. Además, remarcan que las únicas restricciones vigentes son inhibiciones de bienes y embargos sobre cuentas bancarias. Sin embargo, sostienen que las respuestas obtenidas de distintas entidades financieras indican que no existirían fondos depositados en esas cuentas. “Un estafador no va a usar sus cuentas bancarias para esconder el dinero del delito”, cuestionó Arancibia.
Los abogados también señalaron que todavía no existen medidas cautelares sobre algunas de las personas mencionadas dentro del expediente y alertaron sobre el riesgo de que continúen realizando movimientos patrimoniales mientras la investigación permanece sin definiciones.
El expediente atraviesa además una disputa sobre qué fuero debe intervenir. Mientras algunos abogados consideran que se trata de una estafa que puede ser investigada en la Justicia provincial, otros sostienen que corresponde la competencia federal. Hasta el momento, la cuestión no tiene una resolución definitiva. Los querellantes que impulsan la permanencia de la causa en San Juan cuestionan que la discusión sobre la competencia haya terminado paralizando medidas urgentes que, según entienden, podrían haberse tomado independientemente del fuero que finalmente resulte competente. “Un juez puede dictar medidas para evitar un daño mayor mientras se resuelve quién se queda con la causa”, sostienen.
Detrás de las discusiones procesales existe una preocupación concreta entre quienes aseguran haber perdido sus ahorros. La principal inquietud es que el paso del tiempo termine dificultando cada vez más la posibilidad de encontrar el dinero. “Fiscalía ya explicó cómo habría sido la maniobra, pero la plata sigue sin aparecer”, remarcaron los denunciantes. Con cerca de $4.000 millones denunciados y decenas de inversores involucrados, la investigación atraviesa uno de sus momentos más delicados.