El fiscal Guillermo Heredia reveló que al menos cuatro personas ingresaron a la morgue y tuvieron contacto con cadáveres durante las supuestas prácticas de una tecnicatura falsa.
Los alumnos del falso docente Daniel Gustavo Algarilla realizaron prácticas con cuerpos en la morgue, según informó el fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la investigación que culminó con la condena del acusado. Heredia señaló que al menos cuatro personas ingresaron al recinto y tuvieron contacto con cadáveres.
Las prácticas se realizaban una vez por semana o cada quince días dentro de la morgue donde trabajaba Algarilla. El fiscal indicó que existen testimonios que sostienen que también ingresaban cadáveres de animales al lugar. El curso comenzó en el Instituto Cristine, luego se trasladó al Instituto Eleva y posteriormente a un establecimiento propio de Algarilla. Las clases se dictaban de 14:30 a 17:00 y estaban orientadas a formar supuestos técnicos en evisceración y morgue, una carrera sin reconocimiento oficial.
Durante el juicio quedó acreditado que Algarilla cobraba cuotas mensuales a sus estudiantes mientras les aseguraba que la capacitación contaba con avales académicos y que les permitiría acceder a puestos laborales en el área de Salud y organismos judiciales. La investigación determinó un daño patrimonial cercano a los 2,4 millones de pesos. El fiscal sostuvo que el impacto fue mayor: «Los intereses que estaban en juego excedían lo patrimonial. Tenía que ver con cuidar el sistema educativo de la provincia y el tiempo que destinaron estas personas sin recibir ningún certificado».
La investigación no pudo determinar la participación de otras personas en las prácticas dentro de la morgue. Algarilla fue apartado de sus funciones laborales tras descubrirse el caso. «Se merecía una cesantía por usar su cargo público para cometer este delito», afirmó Heredia. El trabajador fue condenado por cuatro hechos de estafa en concurso real y, al no registrar antecedentes penales, recibió una pena de un año y seis meses de prisión condicional. El Estado provincial no se constituyó como querellante ni participó activamente en el proceso judicial.