Dos abogados de damnificados en la presunta megaestafa chocan por el fuero del expediente y advierten el riesgo de dilaciones si interviene la Corte Suprema.
La megacausa por la presunta estafa de $4.000 millones atribuida a la financiera Global Market ingresó en un terreno de incertidumbre procesal. Tras la decisión del juez de Garantías local, Javier Figuerola, de declararse incompetente y girar las actuaciones al fuero federal, dos de los abogados que representan a damnificados manifestaron visiones opuestas sobre el destino del expediente, abriendo un manto de dudas sobre qué tribunal asumirá efectivamente la investigación de las maniobras bursátiles.
Por un lado, la abogada Vanesa Laciar, representante de dos víctimas particulares, confirmó que la Justicia Federal adoptó una postura inicial clave al dictaminar que las denuncias específicas presentadas por su parte deben ser devueltas al fuero ordinario provincial. La letrada, quien impugnó el pase integral de la causa dispuesto por Figuerola a instancias del fiscal de la UFI Delitos Informáticos, Nicolás Alvo, sostiene que se trata de una estafa común que debe resolverse con celeridad en los tribunales de San Juan para evitar que el rastro del dinero se diluya.
Por su parte, el abogado querellante Marcelo Arancibia marcó una fuerte discrepancia técnica con su colega y advirtió que la reactivación penal corre serio peligro. Arancibia aclaró que no es el fiscal federal Francisco Alcaraz sino el juez federal, Leopoldo Rago Gallo, quien posee la potestad legal para rechazar o aceptar formalmente la competencia integral del caso. El letrado teme que este «tironeo» de fueros derive en una contienda negativa de competencia que deba ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para Arancibia, un escenario de intervención de la Corte Suprema resultaría letal para los ahorristas, ya que el máximo tribunal carece de plazos resolutivos fijos y el expediente podría terminar paralizado durante meses e incluso años, consagrando «el crimen perfecto» y la impunidad de los imputados, Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas. Asimismo, criticó que la transición al fuero federal se realice sin que la Justicia sanjuanina haya ordenado peritajes informáticos a celulares, secuestro de documentación contable o allanamientos en la sede de la firma.
El trasfondo de la disputa radica en la ingeniería financiera utilizada por los sospechosos, quienes operaban mediante la firma Rosario Valores S.A. bajo regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según la hipótesis fiscal, el dinero de los inversores conservadores fue desviado mediante Pases No Garantizados hacia la firma GMI Inversiones S.A., una minera inactiva de los propios acusados. Mientras la defensa de los empresarios asegura que buscarán un acuerdo para devolver los fondos, la parálisis del trámite mantiene en vilo a decenas de sanjuaninos.