El ministro de Producción riojano, Ernesto Pérez, aseguró que el proyecto Lunahuasi se desarrolla en territorio de La Rioja y advirtió que recurrirán a la Justicia. La empresa canadiense NGEx Minerals dijo no haber sido notificada.
La histórica disputa limítrofe entre San Juan y La Rioja sumó un nuevo capítulo, esta vez en torno al proyecto minero Lunahuasi, operado por la canadiense NGEx Minerals, perteneciente al Grupo Lundin. El ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, afirmó que el emprendimiento se encuentra dentro de territorio riojano y anticipó que iniciarán acciones judiciales para frenar las actividades.
Fuentes de la empresa consultadas señalaron que aún no han recibido una notificación formal sobre la intención de presentar un recurso judicial. «Tenemos una excelente relación con las autoridades de La Rioja, por eso nos sorprende que hayan anunciado que van a hacer una presentación judicial», indicaron, y agregaron que esperarán la notificación para buscar una solución dialogada.
En diálogo con Canal 13 San Juan, Pérez aseguró que la provincia ya comenzó a realizar notificaciones formales, del mismo modo que lo hizo con el proyecto Vicuña. «Estamos empezando a notificarlos igual que a Vicuña», afirmó.
El funcionario riojano vinculó el reclamo al impacto ambiental en zonas limítrofes y cuestionó que las mineras instaladas en San Juan no hayan presentado estudios de impacto ambiental ante las autoridades de La Rioja. «Es por el impacto ambiental en la zona limítrofe, no está presentado el impacto. Todas las mineras instaladas en San Juan están pisando el límite con La Rioja, en realidad están adentro del territorio nuestro», expresó.
Pérez sostuvo que históricamente las empresas eligieron radicarse bajo jurisdicción sanjuanina debido a las restricciones políticas que existían en La Rioja respecto a la minería. «Como La Rioja siempre tuvo problema con la actividad, las canadienses se instalaron en teoría en San Juan, pero están adentro del territorio riojano», manifestó.
«San Juan lo va a tener que entender»
Durante la entrevista, Pérez insistió en la necesidad de avanzar hacia un esquema compartido entre ambas provincias para administrar recursos, infraestructura y beneficios económicos derivados de la actividad minera. «La política de San Juan no entiende, pero lo va a tener que entender», lanzó.
En esa línea, propuso un modelo similar al implementado entre Salta y Catamarca para el desarrollo del litio. «Estamos planteando un área común como tiene Salta y Catamarca. Vamos a tener que tener un área común de servicios, de minerales y de explotación», explicó.
El funcionario aclaró que La Rioja no busca frenar el desarrollo minero sanjuanino, pero exige reconocimiento territorial y participación en los beneficios económicos. «No queremos boicotearle la actividad a San Juan, sino que San Juan entienda que están usando territorio nuestro», afirmó. Agregó que el objetivo inicial es lograr el reconocimiento de jurisdicción antes de discutir acuerdos económicos o regalías.
Lunahuasi y el glaciar El Potro
Uno de los puntos más sensibles de las declaraciones de Pérez estuvo vinculado al glaciar El Potro, ubicado en la zona limítrofe. Según el ministro, el proyecto Lunahuasi utiliza sectores vinculados a ese glaciar, que pertenecen a La Rioja. «Lunahuasi utiliza el glaciar El Potro. Y El Potro es de La Rioja. Si te ponés a hilar fino, el emprendimiento está en La Rioja», aseguró.
Pérez advirtió que, si las empresas no presentan informes ambientales y acuerdos jurisdiccionales, la provincia podría acudir nuevamente a la Justicia. «Vamos a tener que hacer una presentación en la Justicia para que suspenda los trabajos y tendremos que acordar los tiempos de presentación de informes y proveedores», sostuvo.
En paralelo, mencionó el caso del proyecto Filo del Sol, aunque reconoció que ese emprendimiento se encuentra más claramente dentro de San Juan. «Filo del Sol está más claramente dentro de San Juan, pero los caminos utilizan caminos nuestros», explicó.
El antecedente judicial
El conflicto entre ambas provincias ya había escalado semanas atrás a partir de una resolución judicial vinculada al proyecto minero Vicuña. El pasado 16 de abril, la jueza riojana María Greta Decker ordenó la suspensión por 30 días de actividades relacionadas con ese proyecto, hasta que la firma presentara estudios de impacto ambiental ante autoridades de La Rioja. La medida generó fuerte repercusión en San Juan debido a la relevancia estratégica de Josemaría dentro del esquema de inversiones mineras provinciales.
Finalmente, Pérez remarcó que La Rioja atraviesa un cambio de postura respecto de la minería y busca consolidarse como actor dentro del mapa minero nacional. «Antes no había actividad minera en La Rioja por definición política», señaló. Y concluyó: «Tenemos que crecer todos porque se sabe que los límites políticos no son los límites del mineral».