El diputado provincial Franco Aranda presentó un proyecto de ley para regular el cierre y postcierre de minas en San Juan, con el objetivo de garantizar la remediación ambiental y evitar que los costos recaigan en los sanjuaninos.
El diputado provincial Franco Aranda presentó un proyecto de ley destinado a regular el cierre y postcierre de minas en San Juan, una iniciativa que busca cubrir un vacío legal histórico en la provincia. El objetivo central es garantizar que, una vez finalizada la actividad extractiva, las empresas ejecuten un plan de remediación para devolver el entorno a un estado de conservación óptimo.
Según explicó el legislador a Canal 13, la norma obligará a las compañías a presentar garantías financieras para que, ante cualquier abandono o contingencia, no sean los sanjuaninos quienes deban costear el pasivo ambiental. Aranda destacó que este es el «momento adecuado» para avanzar con la ley, especialmente tras la implementación del RIGI y los beneficios fiscales otorgados al sector.
«Queremos darle claridad a la empresa, pero también seguridad a la provincia. Si una minera se levanta y se va, la remediación se debe ejecutar con esas garantías», señaló. Además, subrayó que contar con este marco normativo —basado en legislación de países como Chile, Perú, Canadá y Australia— fortalece la licencia social al brindar mayor transparencia sobre el cuidado del medio ambiente.
De aprobarse la iniciativa, San Juan se convertiría en la segunda provincia del país (después de Santa Cruz) en contar con una ley específica de estas características. El proyecto contempla: «No es una sorpresa para el sector; muchos empresarios saben que este vacío debe llenarse para que el auge minero de San Juan sea serio, responsable y previsible a largo plazo», concluyó el diputado.