La investigación por el crimen del niño de 8 años en el barrio Valle Grande avanza en una etapa científica clave. Las pericias de ADN y balísticas buscan establecer quién efectuó el disparo mortal.
La investigación por el crimen de Emir Barboza, el pequeño de 8 años asesinado en el barrio Valle Grande, se encuentra en una etapa científica crucial. Según informó el fiscal Francisco Nicolía a Canal 13, las pericias de ADN y los cotejos balísticos son las medidas que podrían determinar finalmente quién efectuó el disparo mortal.
Con los siete imputados ya alojados en el Servicio Penitenciario Provincial tras la revocación de sus domiciliarias, la atención se desplaza ahora a los laboratorios, donde se procesan las pruebas en las que la fiscalía confía para poner nombre y apellido al ejecutor del hecho.
Según explicó Nicolía, el rastro genético es la clave para desarmar coartadas. Ante la posibilidad de que los sospechosos hayan intentado eliminar restos de pólvora lavándose las manos antes de las detenciones, el ADN aparece como un rastro imborrable. “El cotejo de ADN va a determinar con mayor precisión quién pudo haber tenido en su poder esas armas”, explicó el funcionario judicial. Este estudio cruzará el material hallado en las armas calibre 22 secuestradas con los perfiles genéticos de los siete detenidos.
De esta manera, la Justicia busca establecer quién manipuló el armamento utilizado durante el violento episodio de octubre de 2025 en Rivadavia, independientemente de los resultados de los dermotest realizados en aquel momento. Complementariamente, la pericia balística será la encargada de confirmar la conexión mecánica del crimen. Los peritos deben determinar si el proyectil extraído del cuerpo de Emir fue percutado por alguna de las armas incautadas.
“Se debe determinar si ese proyectil corresponde a alguna de las armas haber sido percutada con alguna de ellas”, señaló el fiscal, remarcando que estos procesos científicos tienen una complejidad técnica y legal que requiere plazos extendidos, los cuales podrían llegar hasta el mes de octubre.
Mientras los peritos trabajan, la situación de los imputados cambió drásticamente. Gonzalo Orostizaga, Alan Bazán, Cristian Guajardo, Jonathan Carrizo, Gonzalo Santander, Dante Carrizo y Hernán Carrizo pasaron de sus domicilios al Servicio Penitenciario Provincial. Este giro se dio luego de que la Cámara de Impugnación aceptara el planteo de la fiscalía y revocara las prisiones domiciliarias dictadas anteriormente. El juez Daniel Guillén consideró que, ante la inminencia de nuevas declaraciones de testigos clave, la permanencia de los acusados en sus hogares representaba un riesgo latente de entorpecimiento para la causa.
En este complejo tablero, la fiscalía también evalúa la situación de un sospechoso de apellido Rodríguez, quien recuperó la libertad pero sigue vinculado. Aunque su defensa intentó anular una confesión previa alegando que estaba bajo efectos de drogas, Nicolía defendió la legalidad del acto: “Se tomó en presencia de un abogado defensor y dos fiscales; si hubiésemos advertido tal circunstancia, lo hubiésemos hecho constar”. Sin embargo, nuevamente será el ADN el encargado de confirmar o descartar si su versión se ajusta a lo ocurrido en la escena del crimen.