La jueza Sandra Arroyo Salgado presentó una declaración que conecta el crimen del fiscal Alberto Nisman con una red de inteligencia vinculada a la empresa estatal YCRT, agregando una nueva dimensión económica a la causa.
La jueza Sandra Arroyo Salgado presentó este miércoles una declaración que establece una conexión directa entre la muerte del fiscal Alberto Nisman y una red de “hombres de inteligencia” vinculados a la administración del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). Según la magistrada, el fallecimiento del fiscal no fue un hecho aislado, sino que se enmarcó en una operación para proteger intereses económicos y actividades de espionaje corporativo dentro de la empresa estatal.
Arroyo Salgado sostiene que Nisman habría accedido a información sensible sobre el manejo de fondos y la presencia de agentes de inteligencia infiltrados en la estructura del yacimiento en Santa Cruz. La jueza señaló que existen registros de comunicaciones y movimientos sospechosos de personal de seguridad que ubican a actores clave de los servicios secretos en escenarios vinculados a la carbonífera en fechas críticas.
Esta línea investigativa propone que la muerte del fiscal funcionó como un mecanismo de blindaje para evitar que saliera a la luz una trama de corrupción que involucraba a sectores del poder político y a estructuras de inteligencia que operaban en el territorio. El vínculo con Río Turbio añade una dimensión económica local a una causa que hasta ahora parecía centrarse en el Pacto con Irán.
La jueza también advirtió sobre la degradación de las instituciones frente al avance delictivo, señalando que la corrupción en Argentina ha adquirido un carácter estructural que atraviesa los tres poderes del Estado. Además, mencionó una supuesta reunión en la sede porteña de YCRT entre el gerente Maxi Cáceres y el interventor Pablo Gordillo, lo que refuerza la tesis sobre la continuidad de ciertas estructuras operativas independientemente del signo político.