La secretaria gremial de ADICUS defendió la medida de fuerza y pidió dirigir los reclamos al gobierno nacional.
Este miércoles se realizó un abrazo simbólico en el colegio preuniversitario donde funcionan la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. El evento contó con la participación de gremios docentes, no docentes, autoridades universitarias y egresados, en el marco del reclamo por la pérdida del poder adquisitivo.
Edith Liquitay, secretaria gremial de ADICUS, calificó la situación como «angustiante» y difícil de sostener. Sin embargo, el momento más tenso se dio al responder a los grupos de padres autoconvocados que critican la interrupción de clases por las medidas de fuerza. Liquitay fue tajante: «Entiendo que quienes han convocado una marcha para exigirle a los docentes o a la universidad están equivocados porque a quien le tenemos que exigir es al gobierno nacional».
La dirigente subrayó que los docentes no quieren estar de paro, sino que se ven obligados por el incumplimiento de las leyes vigentes por parte del Estado nacional. «Nosotros no queremos estar de paro, nosotros queremos estar en las aulas dando clases y haciendo nuestras actividades, pero quien no cumple es el gobierno nacional», afirmó, e instó a que la exigencia ciudadana se dirija al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
Liquitay minimizó el impacto de las críticas, asegurando que el diálogo con la mayoría de las familias es fluido y constructivo. Según su visión, el reclamo contra los docentes proviene de «un sector —me animo a decir— minoritario que está queriendo exigirnos a los docentes cuando nosotros tenemos nuestros salarios congelados. Muchos de nosotros somos padres que enviamos a los colegios preuniversitarios a nuestros hijos, entonces somos parte de esta convocatoria».
Finalmente, brindó detalles técnicos sobre el impacto del ajuste en los haberes de los trabajadores de la UNSJ. Denunció que actualmente están «trabajando con la mitad del salario en lo que va del 2023 a la actualidad», lo que representa un golpe drástico a la economía de los hogares docentes.