La diputada Alejandra Leonardo presentó una iniciativa que busca incorporar el bullying al Código de Faltas provincial, con multas de hasta 600 mil pesos para los adultos responsables y tratamientos obligatorios para los agresores.
Un proyecto de ley impulsado por la diputada Alejandra Leonardo busca incorporar la figura del bullying al Código de Faltas provincial, estableciendo un marco de responsabilidad que alcanza a los adultos a cargo de los menores. La iniciativa propone sancionar aquellas conductas hostiles, reiteradas y persistentes entre pares en el ámbito escolar.
Sin embargo, la diputada de la UCR aclaró que el objetivo primordial no es la recaudación ni la criminalización temprana. “El agresor también es una persona en desarrollo; la idea es detectar el problema y ocuparnos”, explicó la legisladora.
Antes de llegar a una multa, el proyecto abre la puerta a soluciones pedagógicas y clínicas. Se contempla la obligatoriedad de tratamientos psicológicos controlados para el agresor, buscando que tome conciencia de sus actos y corrija su conducta. “Queremos garantizar los derechos de la víctima, pero también la continuidad pedagógica del agresor. No pretendemos expulsar chicos de la escuela”, enfatizó.
El punto sobresaliente de la normativa es la posibilidad de sancionar a los padres, tutores o guardadores. Según el texto, si existe reincidencia o de acuerdo con la gravedad del caso, el juez de Faltas podrá aplicar multas que oscilan entre los 50 y 300 Jus. “Si lo traducimos a valores actuales, las multas van de los 100.000 a los 600.000 pesos”, precisó la diputada. Esta herramienta busca que los responsables de la crianza se involucren activamente en el comportamiento de los menores.
Para la legisladora, las escuelas son la “primera línea de choque” y deben asumir un papel activo y responsable ante el conflicto. El proyecto estipula que la institución, al tomar contacto con la situación, debe aplicar medidas inmediatas para proteger el binomio afectado. “Priorizamos los derechos de la víctima por la urgencia que vive, pero también buscamos garantizar la continuidad pedagógica del agresor para evitar su exclusión del sistema”, explicó Leonardo.
El objetivo es que los establecimientos cuenten con herramientas para intervenir de forma temprana, logrando contener a quien sufre el acoso y ayudar a quien lo ejerce a rectificar sus conductas en favor de una convivencia escolar armoniosa.