Un informe del IARAF revela que el recorte de fondos nacionales impactó con fuerza en las provincias, mientras que la Ciudad de Buenos Aires fue la única con saldo positivo.
En medio de la caída de la recaudación y cambios en la política tributaria, el Gobierno nacional avanzó con un recorte del gasto público que impactó con fuerza en las provincias, tanto por la disminución de fondos coparticipables como por la reducción de transferencias discrecionales.
De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), a cada argentino le costó en promedio $765.264 el ajuste fiscal en los últimos dos años, considerando la comparación entre los envíos de 2023 y el período comprendido entre enero de 2024 y febrero de 2026. El estudio señala que las provincias fueron las principales afectadas, especialmente por la caída de las transferencias no automáticas. En ese sentido, detalla que la pérdida acumulada en este concepto alcanzó los $20,5 billones, a valores actualizados a febrero de 2026.
En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostró un comportamiento opuesto. Registró un incremento de $0,8 billones, impulsado por la medida cautelar de la Corte Suprema que elevó su coeficiente de coparticipación del 1,4% al 2,95%, lo que le permitió compensar la merma en otros ingresos.
En cuanto a las transferencias automáticas (que incluyen coparticipación, leyes especiales y compensaciones), el informe indica que las provincias perdieron $15,6 billones, mientras que la Ciudad también sufrió una leve caída de $0,3 billones. Al considerar ambos tipos de recursos, las 23 provincias acumularon una pérdida total de $36 billones, de los cuales el 57% corresponde a transferencias no automáticas y el 43% a automáticas. En cambio, CABA logró una mejora neta de $550.000 millones, convirtiéndose en el único distrito con saldo positivo.
Si se analiza el ajuste en términos per cápita, la carga también refleja fuertes desigualdades. A nivel nacional, a cada argentino le costó en promedio $765.264, pero en las provincias el impacto fue mayor, alcanzando los $831.995 por habitante. Por el contrario, en la Ciudad de Buenos Aires se registró un incremento de ingresos de $170.340 por habitante, lo que refuerza la brecha respecto del resto del país.
La mejora en los recursos de la Ciudad se explica por una medida cautelar dictada por la Corte Suprema al inicio de la gestión de Javier Milei, en el marco de un reclamo iniciado por el entonces jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. El conflicto se remonta a 2020, cuando el expresidente Alberto Fernández redujo por decreto los fondos coparticipables que recibía el distrito, argumentando que habían sido incrementados previamente por Mauricio Macri. Si bien la Corte aún no resolvió la cuestión de fondo, la cautelar vigente ordena que la Nación continúe transfiriendo los fondos a la Ciudad, lo que se realiza a través de mecanismos no automáticos.
De esta manera, mientras las provincias enfrentan un fuerte ajuste en sus recursos, la Ciudad de Buenos Aires se posiciona como la única jurisdicción que logró mejorar sus ingresos en el actual esquema de distribución.