Un abogado constitucionalista evaluó los argumentos del reclamo de La Rioja sobre jurisdicción minera, señalando que el acuerdo de límites de 1968 otorga firmeza a la posición de San Juan.
El reclamo de la provincia de La Rioja sobre la jurisdicción de proyectos mineros como Josemaría, ubicados en territorio sanjuanino, ha generado diversos análisis desde el ámbito legal. El abogado constitucionalista Óscar Cuadros señaló que el planteo «es muy complicado que obtenga una respuesta favorable con argumentos tan débiles».
El especialista explicó que el eje central del conflicto, los límites territoriales, está resuelto desde hace décadas. «El acuerdo con La Rioja data de 1968 y tiene un recorrido histórico que le otorga una firmeza singular», indicó, añadiendo que no habría una base legal sólida para reabrir esa discusión.
Cuadros aclaró que, según el marco legal, no es el Senado de la Nación el que define estos conflictos, sino la Corte Suprema de Justicia. Una vez fijados los límites por el Congreso, cualquier controversia debe resolverse en el máximo tribunal.
Respecto a la posibilidad de obtener una medida cautelar para frenar actividades, el constitucionalista advirtió que es «poco probable» con los argumentos presentados. Sobre un fallo de una jueza de La Rioja que ordenó suspender actividades, marcó un límite: «No puede intervenir más allá de su jurisdicción territorial». Reconoció que una provincia puede actuar sobre caminos o áreas bajo su control, pero no tiene facultades para frenar actividades que se desarrollan en otra provincia.
Finalmente, el análisis concluye que, según esta visión, el reclamo carecería de fuerza legal y apuntaría más a una estrategia política que a una disputa jurídica real.