Un decreto nacional habilita a las provincias a gestionar tramos viales mediante concesiones, lo que podría derivar en la instalación de peajes. En San Juan, las autoridades estudian la medida mientras surgen cuestionamientos desde el sector gremial.
El decreto nacional 253/2026 abrió un nuevo escenario para la gestión de rutas en el país al delegar en las provincias la posibilidad de licitar, adjudicar y administrar tramos viales. En San Juan, las autoridades aún están estudiando el tema, mientras que los gremialistas del sector ya manifestaron su postura crítica.
La normativa habilita al gobierno provincial a avanzar con proyectos de mantenimiento, ampliación o reparación bajo el modelo de concesión de obra pública, lo que en la práctica podría traducirse en la instalación de peajes para financiar las obras.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Carlos Ordóñez, se refirió a la iniciativa y cuestionó su viabilidad en el contexto local. «Para que un sistema de peajes sea viable, necesitás entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios», señaló. En ese sentido, detalló que solo algunos tramos, como el que une el puente sobre el río San Juan con el aeropuerto, superan los 10.500 vehículos, mientras que en otros sectores el flujo es significativamente menor.
Ordóñez también puso en duda el interés del sector privado en invertir en rutas con bajo flujo vehicular, argumentando que el recupero de la inversión sería inviable sin subsidios estatales o tarifas muy elevadas. Asimismo, mencionó que la implementación de peajes genera dudas sobre su aceptación social y recordó que en otros países estos sistemas suelen aplicarse sobre rutas nuevas o mejoradas, ofreciendo siempre alternativas gratuitas.
Mientras en San Juan no hay definiciones oficiales, desde el Ministerio de Infraestructura indicaron que aún se analiza la medida. En contraste, en la provincia de Mendoza ya se proyectan cambios concretos, evaluando la instalación de peajes en rutas nacionales y provinciales, con sistemas electrónicos de cobro.
Con posiciones encontradas y sin definiciones oficiales en San Juan, el decreto abre un debate sobre el financiamiento de la infraestructura vial, el rol del Estado y la participación privada. Por ahora, el esquema propuesto enfrenta cuestionamientos técnicos y económicos en la provincia, a la espera de una decisión política.