Dos iniciativas legislativas buscan modificar la Ley de Salud Mental y el sistema de pensiones no contributivas, con el objetivo declarado de optimizar recursos y fortalecer los controles estatales.
El Poder Ejecutivo Nacional ingresó formalmente al Congreso dos proyectos de ley que proponen reformas en áreas sensibles: la Ley de Salud Mental (26.657) y el sistema de pensiones no contributivas por invalidez. Las iniciativas tienen como premisa la optimización de recursos y el reforzamiento del control estatal.
La reforma de la Ley 13.478, que rige las pensiones no contributivas, se presenta tras auditorías que mostraron un aumento significativo en el número de beneficios, pasando de 76.000 en 2003 a 1,2 millones en 2023. Según datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se detectaron irregularidades, como el otorgamiento de pensiones a personas que no cumplían los requisitos médicos o residían en domicilios inexistentes. La nueva norma propone establecer mecanismos de fiscalización más rigurosos para asegurar que el subsidio llegue a quienes poseen una incapacidad real.
En materia de Salud Mental, el proyecto introduce cambios en el Código Civil y Comercial. El punto más destacado es la modificación del criterio para las internaciones involuntarias. Se propone pasar del concepto actual de «riesgo cierto e inminente» a uno de «riesgo grave de daño», otorgando mayor peso al criterio de los médicos especialistas en psiquiatría.
Con estas reformas, el Gobierno busca, según sus argumentos, terminar con lo que define como un «dispendio injustificable» de fondos públicos y actualizar una legislación de salud mental que ha sido objeto de debates por parte de asociaciones de familiares y profesionales del sector.