Un funcionario ambiental de La Rioja afirmó que la operadora minera incurre en una «desobediencia judicial» al utilizar vías alternativas tras un bloqueo, en el marco de un conflicto por la evaluación de impactos ambientales transfronterizos.
El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, se refirió a la estrategia logística de la empresa Vicuña, que utiliza rutas alternativas en San Juan tras un bloqueo en Guandacol. En declaraciones radiales, el funcionario calificó esta acción como «una desobediencia judicial», en el contexto de una medida que ordenó el cese de actividades de la firma por 30 días.
Azulay fundamentó la postura de su provincia señalando que el proyecto minero, ubicado en el departamento Iglesia de San Juan, se encuentra a 500 metros del límite interprovincial. Según su visión, esto garantiza que los efectos de la explotación «traspasarán los límites geográficos». El secretario aclaró que La Rioja no busca intervenir en decisiones de San Juan, pero exige que los impactos en su territorio sean evaluados por sus propias autoridades ambientales, en defensa de la autonomía provincial.
El funcionario recordó que, si bien inicialmente hubo una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para el camino, los problemas surgieron al momento de su renovación. Acusó a la empresa de «menospreciar» la situación al negar las afectaciones en suelo riojano. El escrito judicial, de 24 páginas, detallaría estas incidencias y la supuesta negativa de la compañía a reconocer la injerencia de La Rioja.
Azulay admitió que existen herramientas jurídicas para que el conflicto escale, pero apeló a la «razonabilidad» para resolver la disputa. Reafirmó que su provincia mantendrá su postura hasta que se presente un estudio de impacto ambiental que satisfaga sus requerimientos técnicos.
