Un fallo judicial de La Rioja dispuso la paralización por 30 días de las tareas vinculadas al proyecto minero Josemaría, ubicado en el límite con San Juan, hasta que la empresa presente el estudio de impacto ambiental requerido por esa provincia.
Un fallo de la Justicia de La Rioja ha generado repercusión en San Juan al ordenar la suspensión por 30 días de las actividades vinculadas al proyecto minero Josemaría, uno de los desarrollos más relevantes para la provincia en materia minera. La medida fue dictada por la jueza María Greta Decker en el marco de una presentación del Gobierno riojano contra la empresa Vicuña S.A.
La resolución establece que la paralización se mantendrá hasta que la firma presente el estudio de impacto ambiental correspondiente en territorio de La Rioja, según informó el medio local Rioja Virtual. El proyecto, ubicado en el límite entre ambas provincias, es considerado estratégico para San Juan por su magnitud y por la inversión prevista, que ronda los 16.000 millones de dólares.
El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, fundamentó la medida al señalar que la empresa no cumplió con los requerimientos ambientales exigidos por esa provincia, pese a utilizar territorio riojano para la logística del emprendimiento. «El ambiente no reconoce fronteras políticas», dijo el funcionario, remarcando que los impactos del proyecto podrían afectar directamente a comunidades riojanas como Guandacol y Villa Unión.
Entre las principales preocupaciones mencionó el tránsito pesado, la dispersión de partículas en el aire y el ruido. Además, cuestionó que la empresa solo haya presentado un informe parcial vinculado al camino que atraviesa La Rioja, lo que fue considerado insuficiente por las autoridades.
La resolución judicial establece que sin estudio de impacto ambiental aprobado no podrá haber actividad, lo que obliga a la empresa a adecuarse a la normativa riojana para poder retomar las tareas. Se trata de una medida autosatisfactiva basada en el principio preventivo, que busca evitar posibles daños ambientales.
Para San Juan, la decisión representa un obstáculo en el avance de un proyecto clave para el desarrollo minero y la generación de empleo, además de abrir un escenario de tensión entre jurisdicciones. Desde La Rioja advirtieron que si la empresa no cumple con lo exigido, el conflicto podría escalar a instancias superiores, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la Policía riojana ya controla el acceso al proyecto a través del camino de Guandacol.