Un informe legislativo señala que más de 1,1 billones de pesos del impuesto a los combustibles, que por ley deben ir al mantenimiento vial, no fueron transferidos al Sistema Vial Integrado.
El estado de las rutas nacionales vuelve a ser objeto de debate tras una denuncia formulada por un grupo de diputados. Según un informe elaborado por legisladores, el Gobierno nacional habría retenido más de 1,1 billones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles, recursos que por ley deben destinarse al mantenimiento y mejora del sistema vial a través del Sistema Vial Integrado (Sisvial).
La ley que regula este tributo establece que el 28,58% de lo recaudado debe girarse al Sisvial. Los legisladores sostienen que estos fondos no fueron transferidos como corresponde. El relevamiento indica que la recaudación del impuesto creció significativamente: entre 2023 y 2024 el incremento fue del 378%, con más de $354.000 millones que debían destinarse a infraestructura vial. En 2025, el aumento fue del 92% y se habrían retenido otros $688.000 millones, mientras que en los primeros meses de 2026 se sumaron más de $122.000 millones en la misma situación.
Para los denunciantes, esta decisión no solo implica un incumplimiento legal, sino que también explicaría el deterioro de las rutas en todo el país, con consecuencias en la seguridad vial y la economía. «El problema no se sostiene más», advirtió uno de los legisladores, quien señaló que los pedidos de informes y reuniones con el Ministerio de Economía no obtuvieron respuestas.
La situación impacta con fuerza en el interior del país. Intendentes y autoridades locales de diversas regiones, incluyendo a San Juan, vienen alertando sobre el crítico estado de las rutas nacionales, con banquinas intransitables y señalización deficiente. Los reclamos, según señalan, terminan recayendo sobre los municipios, que no tienen competencia ni recursos para resolver el problema.
El malestar también se manifiesta a nivel provincial. Gobernadores analizan medidas conjuntas ante la combinación de una menor coparticipación y la falta de envío de fondos específicos para vialidad. Otro punto del informe cuestiona el destino de los recursos retenidos, señalando que parte de esos fondos habrían sido destinados a colocaciones financieras.