Condenan en San Juan a hombre por vender obleas falsas de RTO

Un individuo fue condenado por un esquema de venta de certificados de Revisión Técnica Obligatoria apócrifos, operando desde un lavadero en Capital. La investigación se inició a partir de una intervención telefónica en otra causa.

Un hombre fue condenado en San Juan por montar un esquema ilegal de venta de obleas falsas de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que ofrecía a sus clientes desde un lavadero ubicado en Capital. La causa se resolvió mediante un juicio abreviado, tras considerarse contundente la prueba reunida por la Fiscalía.

Según explicó la fiscal Daniela Pringles, la investigación comenzó de manera inesperada: “todo surgió a raíz de una intervención telefónica en el marco de otra causa”, donde se detectaron maniobras vinculadas a la falsificación de documentación pública. A partir de esas escuchas, los investigadores lograron identificar al sospechoso, quien operaba desde un lavadero sobre calle Cortínez, en las inmediaciones del cementerio de Capital.

La maniobra quedó al descubierto cuando se secuestró una camioneta que tenía adherida una oblea de RTO apócrifa. “Se pudo determinar que el sticker era falso, aunque a simple vista tenía bastante similitud con uno original”, detalló la fiscal. Sin embargo, aclaró que, ante controles técnicos especializados, la falsificación podía ser detectada.

El acusado, identificado como Johnatan Castillo, utilizaba su propio vehículo como estrategia de promoción. “Se jactaba de que había pasado controles sin inconvenientes, lo que generaba confianza en potenciales clientes”, indicaron desde la investigación. El mecanismo era sencillo pero efectivo: los interesados se contactaban con él a través de WhatsApp, realizaban el pago mediante plataformas digitales y luego retiraban la oblea en su domicilio. “Era todo un negocito que tenía armado, conseguía las obleas y las cobraba”, sostuvo Pringles.

Durante la causa, al menos tres personas declararon como testigos, lo que permitió reconstruir el modus operandi y confirmar las operaciones ilegales. El monto detectado en las transacciones rondaba los 65.000 pesos, aunque no se descarta que haya sido mayor.

Por su parte, el colaborador judicial Rodrigo Herrera explicó que la condena fue de tres años de prisión en suspenso, debido a que el imputado no tenía antecedentes penales. “Se le otorgó el mínimo de la pena por falsificación de documento público agravado”, señaló. Desde la Justicia remarcaron la gravedad del delito, ya que la RTO es un requisito obligatorio para circular y su falsificación implica un riesgo para la seguridad vial.