lunes, 6 abril, 2026
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Dos denuncias penales por créditos del Banco Nación generan investigación judicial

Dos presentaciones judiciales radicadas en Comodoro Py investigan posibles irregularidades en la concesión de préstamos hipotecarios a funcionarios y dirigentes. El Gobierno asegura que los créditos se otorgaron dentro del marco legal.

El Gobierno nacional enfrenta dos denuncias penales por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes políticos. Ambas causas quedaron radicadas en los juzgados federales de Comodoro Py y apuntan a determinar si existieron irregularidades, trato preferencial o conflictos de interés en el otorgamiento de los préstamos.

Desde el Ejecutivo nacional aseguraron que los créditos fueron otorgados de manera legal y bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier ciudadano, con respaldo hipotecario y garantías suficientes. Sin embargo, el avance de las denuncias ha instalado un nuevo foco de conflicto judicial y político.

La primera presentación, impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, se centra en exautoridades del Banco Nación y del Banco Central, con acusaciones que incluyen administración fraudulenta, abuso de autoridad y defraudación contra la administración pública.

En tanto, la segunda denuncia, presentada por la diputada Mónica Frade junto al legislador Esteban Paulón, amplía el alcance e incluye a funcionarios y legisladores que accedieron a los préstamos, buscando establecer si hubo beneficios indebidos o condiciones especiales.

En paralelo, el caso ya tuvo consecuencias dentro del propio Gobierno. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió desplazar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, quien había accedido a un crédito cercano a los 420 millones de pesos, uno de los montos más elevados detectados. Desde el entorno oficial aclararon que la decisión no implica cuestionar la legalidad del préstamo.

Ahora el Gobierno trabaja en una estrategia judicial para responder ante los tribunales. Las dos denuncias representan un nuevo factor de presión para la administración, que busca contener el impacto político mientras avanza la investigación.

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