El presidente Javier Milei se refirió a la situación de la ex IOSFA, ahora OSFA, asegurando que se trabaja para normalizar la cobertura médica de sus beneficiarios. La transición de la obra social se da en un contexto de reclamos por falta de prestaciones.
En un tramo de su discurso por el 2 de abril dedicado a las Fuerzas Armadas, el presidente Javier Milei hizo mención a la situación que atraviesa la ex IOSFA, hoy reconvertida en OSFA. Aseguró que el Gobierno trabaja para normalizar la cobertura médica de miles de beneficiarios en todo el país. «Es prioritario el bienestar de las mujeres y hombres que integran nuestras Fuerzas», sostuvo el mandatario durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
En ese marco, remarcó que se está abordando «con responsabilidad la crisis de la obra social militar» mediante una reorganización institucional orientada a priorizar la cobertura médica del personal y sus familias.
La referencia presidencial llega en medio de un contexto delicado para la obra social militar, que atraviesa una crisis financiera y prestacional. La ex IOSFA fue disuelta y desde el 1 de abril comenzó a funcionar bajo la nueva denominación de OSFA, en un proceso de transición marcado por reclamos de afiliados por cortes en la atención y falta de prestaciones.
La situación tomó especial dramatismo en San Juan durante marzo, con el caso del suboficial mayor retirado Carlos Héctor Velázquez, quien se disparó en el pecho junto al monumento al General José de San Martín. El hombre expresó que lo hizo para denunciar que la obra social lo había abandonado frente a un grave problema de salud que lo estaba dejando ciego. Velázquez, de 77 años, había denunciado públicamente la falta de cobertura y asistencia médica en medio de un cuadro severo en sus ojos y nariz, que derivó en una compleja intervención quirúrgica y posteriores complicaciones.
Según trascendió en las últimas semanas, el pasivo acumulado de la obra social superó los 200 mil millones de pesos y algunos pedidos de informes legislativos incluso lo ubican por encima de los $240 mil millones, cifra que explica buena parte de las prestaciones suspendidas y de los reclamos de beneficiarios en distintas provincias.