Los datos del Presupuesto Abierto de la Nación revelan una drástica reducción en la ejecución de fondos destinados a la salud mental en la provincia. El programa específico, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, contaba con una asignación anual de $47 millones para 2026, una cifra que implica un recorte histórico si se compara con ejercicios anteriores.
Un presupuesto en caída libre
La partida actual para el Apoyo y Promoción de la Salud Mental muestra una disminución del 91.5% en relación al presupuesto previsto para el año próximo. En la práctica, durante los primeros meses del año se ejecutaron apenas $1.4 millones, lo que equivale a un desembolso mensual promedio de $466 mil. Para dimensionar este monto, cabe señalar que apenas supera el valor de una jubilación mínima con su bono complementario.
Según la definición oficial, estos recursos están orientados a aplicar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, financiando capacitación profesional, cooperación técnica con provincias y municipios, e investigación. Organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ya habían alertado sobre el deterioro progresivo de esta partida desde 2016.
Efecto dominó en las instituciones
Retrasos que ponen en riesgo la continuidad
La crisis no se limita a este programa. Otras áreas vinculadas, como la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), también enfrentan recortes y demoras en las transferencias. Federaciones que agrupan a centros de tratamiento en todo el país, incluidos los de San Juan, reportan atrasos de más de tres meses en el pago de becas de tratamiento.
«Las instituciones que prestan servicio en todas sus modalidades se encuentran en riesgo de cierre», advirtió recientemente la Mesa Nacional de Adicciones. Fabián Tonda, titular de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA), confirmó que recién esta semana se regularizaron los pagos correspondientes a diciembre.
Consecuencias en el día a día
Los retrasos obligan a las instituciones a endeudarse o a precarizar sus servicios. «La situación es complicada, porque pasa como en las familias: vos tenés un ahorro y te lo gastás para sobrevivir», explicó Tonda. Esto se traduce en dificultades para pagar salarios, proveedores y mantener la calidad de los tratamientos, generando una alta rotación de personal que perjudica la continuidad terapéutica de los pacientes.
El impacto humano detrás de los números
Profesionales que trabajan en estos centros describen un trabajo integral que va más allá de la abstinencia. «Hay residentes que, quizás por el mismo estado de vulnerabilidad en el que vienen, nunca se sentaron en una mesa a comer, entonces aprenden esos modales», relató Fernando, consultor psicológico y tallerista en un centro. El trabajo incluye talleres de psicodrama para la expresión emocional y la revinculación familiar.
«La idea es que puedan buscar otras formas de expresar sus emociones, ver qué cosas hay que modificar», detalló. La comunicación es otro pilar fundamental del proceso, donde muchos pacientes «van armando frases, hilando pensamientos» a medida que avanzan en su recuperación y aprenden nuevas herramientas.
La advertencia de los especialistas es clara: la desfinanciación y los retrasos no solo afectan la estructura institucional, sino que dejan a personas sin el tratamiento necesario, con el consiguiente riesgo personal y social que ello implica.