Este viernes trascendió en San Juan un nuevo caso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) practicado a una niña de 12 años, quien resultó embarazada tras ser víctima de un abuso sexual. El procedimiento, realizado en el sistema público de salud, se llevó a cabo conforme a la normativa vigente y bajo los protocolos establecidos, reavivando en la memoria colectiva un antecedente judicial de gran impacto en la provincia.
Un precedente que marcó un camino
La situación actual encuentra un claro espejo en un caso ocurrido en agosto de 2018, también en un hospital público sanjuanino. En aquella oportunidad, una adolescente de 14 años, embarazada producto de una violación, accedió a una ILE. Aquella intervención, aunque legal, desató una intensa polémica social, política y judicial que trascendió los límites de la provincia.
Controversia y respaldo judicial
El episodio de 2018 fue objeto de fuertes reacciones. Grupos contrarios a la práctica intentaron impedir el procedimiento, incluso ingresando sin autorización al centro de salud. La situación escaló cuando algunos profesionales denunciaron penalmente a las autoridades hospitalarias. Sin embargo, la Justicia desestimó todas las presentaciones, confirmando que la interrupción estaba contemplada y avalada por el marco legal.
La resolución judicial se basó en los criterios establecidos por el histórico Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que garantiza el acceso al aborto en casos de violación. Además, los denunciantes que habían ingresado al hospital quedaron ellos mismos bajo investigación por violación de la confidencialidad de la paciente.
Protocolos activos y reserva en la investigación actual
En el caso reciente, al igual que en su antecedente, la ILE se realizó con el consentimiento correspondiente y bajo la supervisión de los equipos de salud interdisciplinarios. La Justicia intervino a través de organismos especializados en la niñez, como la Agencia de Niñez, Adolescencia y Familia (ANIVI), para garantizar todos los derechos de la menor.
Mientras la investigación penal por el abuso sexual avanza bajo estricta reserva, el recuerdo del caso de 2018 se erige como un punto de referencia ineludible. Aquel precedente no solo sentó un camino claro para la aplicación de la ley en situaciones extremas, sino que también puso a prueba los mecanismos institucionales y protocolos de la provincia frente a casos de alta sensibilidad social y mediática.
El hecho reafirma la aplicación de los protocolos de ILE en San Juan en casos contemplados por la ley, en medio de un contexto donde la protección integral de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual sigue siendo una prioridad en la agenda de salud pública y justicia.