El Ministerio Público Fiscal de Salta investiga una denuncia por falsificación de instrumento público vinculada a una celebración matrimonial realizada en la Reserva Natural Quebrada de las Conchas. El evento, organizado para Nicole Pocovi y Federico Maran, habría contado con más de un centenar de invitados, instalaciones, luces y sonido en el paraje La Punilla, dentro del área protegida.
Un paisaje de millones de años bajo protección
La Quebrada de las Conchas, ubicada en el sur de la provincia de Salta y próxima a Cafayate, es un corredor natural de aproximadamente 70 kilómetros que acompaña el curso del río homónimo. Sus imponentes formaciones rocosas, como El Anfiteatro y La Garganta del Diablo, son el resultado de procesos geológicos que se remontan a entre 60 y 90 millones de años. El característico color rojo ocre de sus paredes se debe a la alta concentración de óxido de hierro en las rocas sedimentarias.
El marco legal de la reserva
Desde 1995, mediante la Ley Provincial 6808, este territorio de unas 25.000 hectáreas es una reserva natural protegida. La normativa, enmarcada en las leyes ambientales 7070 y 7107, prohíbe expresamente cualquier actividad que pueda degradar el paisaje, afectar la flora y fauna autóctona o dañar el patrimonio geológico. Esto incluye restricciones a fogatas, circulación de vehículos motorizados fuera de los caminos habilitados y cualquier acción que altere las formaciones rocosas.
La denuncia y las contradicciones
El ministro de Turismo y Ambiente de Salta, Alejandro Aldazábal, presentó la denuncia al detectar que la firma en la autorización para el evento habría sido adulterada. Por su parte, el municipio de Cafayate había alertado previamente que el uso de sonido potente y luces en la zona impacta directamente en el comportamiento de la fauna silvestre, y que la presencia de infraestructura y gran cantidad de personas puede acelerar los procesos de erosión del suelo.
Frente a estas acusaciones, una de las organizadoras del evento, identificada como Lucía Grajales Soriano, defendió la legalidad de la celebración. En declaraciones a Radio Cafayate, aseguró que la boda se realizó en una propiedad privada dentro de la reserva, de la cual su familia sería propietaria desde 1965, y que se respetaron todas las normativas. «Había abogados y un juez de la Corte Suprema entre los invitados», afirmó.
La investigación en curso
La fiscal Sandra Rojas está a cargo de la investigación, que busca determinar con precisión los hechos. El foco está puesto en aclarar si efectivamente existió falsificación de documentación pública y si se realizaron maniobras ilegales para obtener la habilitación del evento, conocido entre los invitados como «Cafayate Fantasy». Las imágenes del enlace, que circularon ampliamente en redes sociales, muestran una elaborada puesta en escena con mobiliario, decoración y una pista de baile instalada en plena quebrada.