Un tribunal estadounidense revocó la cuantiosa sentencia que pesaba sobre el Estado argentino a raíz de la estatización de YPF en 2012. La decisión judicial, que libera al país de un desembolso multimillonario, fue recibida con alivio pero rápidamente se transformó en un nuevo frente de disputa política, con versiones contrapuestas sobre quién debe llevarse el crédito.
Posturas enfrentadas tras el fallo
El presidente Javier Milei se dirigió a la nación para celebrar la resolución, presentándola como un logro directo de su gestión. En un mensaje de tono triunfalista, afirmó que su administración logró revertir lo que consideraba una situación adversa heredada. «Hicimos posible lo imposible», declaró, al tiempo que criticó a los gobiernos anteriores por la medida de expropiación, calificándola de errónea.
La visión desde la oposición
Desde el espacio kirchnerista, la lectura fue diametralmente opuesta. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvieron que el fallo valida la legalidad y corrección de la decisión tomada en 2012. Kicillof argumentó que los fundamentos que hoy prevalecieron en la corte son los mismos que él defendió durante el proceso de estatización, desestimando las críticas de años recientes.
Por su parte, Fernández de Kirchner enfatizó que la recuperación de la empresa petrolera se realizó dentro del marco legal y respondiendo a un interés público estratégico. Remarcó el vínculo entre aquella decisión y el posterior desarrollo de recursos como Vaca Muerta, clave para la balanza energética nacional.
Un debate que trasciende el resultado legal
Más allá del alivio económico concreto que implica evitar el pago de una indemnización billonaria, el episodio dejó al descubierto la profunda grieta en la interpretación de los hechos recientes de la Argentina. Por un lado, la administración actual busca capitalizar el éxito jurídico como fruto de su propia estrategia. Por el otro, la oposición peronista insiste en que el mérito radica en la valentía política de la decisión original.
El fallo, en definitiva, resolvió un contencioso internacional pero abrió un nuevo capítulo en la disputa doméstica por la narrativa histórica. La pregunta sobre si se trata de un triunfo de la gestión actual o una reivindicación de una política de Estado pasada queda flotando en el aire, sin una respuesta unánime y con cada sector reafirmando su relato.