Los legisladores opositores quieren revertir cinco decretos presidenciales, antes de debatir por los fondos para hospitales pediátricos y universidades
21/08/2025 – 17:04hs
Tras una jornada en Diputados con resultados repartidos entre oficialismo y oposición, ahora es el Senado el que tensiona la agenda del Gobierno. Allí, los legisladores libertarios apelarán al argumento del equilibrio fiscal para intentar bloquear iniciativas que destinan mayores recursos a hospitales pediátricos y a universidades nacionales.
La discusión se da en paralelo a una movilización de trabajadores del Hospital Garrahan en las inmediaciones del Congreso.
Es la tercera sesión consecutiva en la Cámara alta con temario opositor, en un contexto de tensiones políticas con exaliados del oficialismo por el cierre de listas. El caso más visible es el del correntino Carlos Espínola, quien pasó de sonar como candidato libertario a respaldar la campaña de su espacio provincial. Esta semana, el Senado dictaminó un proyecto que limita el alcance de los DNUs y, además, deberá votar sobre textos que aún no alcanzaron los siete días desde su dictamen en comisión. Por esa razón, para convertirlos en ley será necesario reunir los dos tercios de los votos.
En el temario también figuran los rechazos a distintos decretos que dispusieron la intervención de organismos públicos. Entre ellos, el 351/2025 sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos; el 340/2025 que modificó la Marina Mercante; y el 345/2025 que alcanzó al Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Además, se planteará la oposición a decretos ya judicializados, como el 461/2025 (que afectó a Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la CNRT) y el 462/2025 (que reestructuró al INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).
Proyectos por el Garrahan y Financiamiento Universitario
Uno de los proyectos centrales en debate es la declaración de emergencia de la salud pediátrica por un año. La iniciativa establece fondos para «la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo», así como «la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud» y la derogación de la resolución 2109/25, mediante la cual el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias médicas. En Diputados, la propuesta recibió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.
Otro punto fuerte es la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por los rectores. El proyecto prevé la reapertura de paritarias docentes congeladas desde octubre pasado, recursos para gastos operativos, becas y apoyo a la investigación, además de un fondo inicial de $10.000 millones —ajustable por IPC— destinado a fomentar el ingreso en carreras estratégicas. La media sanción en Diputados contó con el mismo resultado que el proyecto pediátrico: 158 votos positivos, 75 negativos y 5 abstenciones.
Respecto a los decretos, pese al intento del Senado por anularlos, el Gobierno insiste en que las transformaciones realizadas no tendrán marcha atrás. «Por más que sancionen el rechazo de los decretos delegados en el Senado, eso va a tener algún impacto, pero no demasiado, porque esos decretos ya están en vigencia y las modificaciones ya se hicieron», reconoció Guillermo Francos en diálogo con Radio Rivadavia.
En las últimas semanas se registraron cambios concretos en áreas sensibles. El decreto 345 permitió nombrar a Federico Brunetti como titular del Instituto Nacional del Teatro y a Fernando Ferreyra al frente de la Comisión Nacional de Monumentos, ambos organismos que dejaron de ser autárquicos para quedar bajo la órbita de la Secretaría de Cultura.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, intervenida por el decreto 461, también fue reestructurada: mediante el decreto 585 se dispuso el cierre de la Dirección de Campañas de capacitación, el Sistema Nacional de Infracciones y la Línea 149 de asistencia a víctimas viales. Paralelamente, el decreto 584 estableció la disolución de la CNRT, cuyas funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Economía.
En agosto se eliminó, además, la figura de «Dirección Nacional» dentro del organigrama del INTA, medida incluida en el decreto 462. Varias de estas disposiciones —como las aplicadas sobre Vialidad Nacional, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos— quedaron en suspenso luego de que la Justicia aceptara recursos de amparo presentados por sindicatos, frenando de manera temporal los efectos de los decretos presidenciales.