Los bordes de Salta en la frontera norte son una de las zonas calientes del tráfico de drogas. Los contrabandistas tienen multiforme ingenio para ganar los primeros metros en territorio nacional a los cargamentos de cocaína producida en Bolivia. Por esa primera línea de contención se moverán unidades militares, según lo dispuesto en el llamado Operativo Roca. Y la Justicia dio ahora un fuerte respaldo al nuevo sistema de patrullaje que desplegará personal de las Fuerzas Armadas en esa zona.
El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, rechazó un hábeas corpus con el que diversas organizaciones buscaban frenar esa iniciativa del Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, que procura dar apoyo efectivo a la actividad antidrogas de las fuerzas federales de seguridad.
No se trata de una opinión menor, sino de una mensaje decisivo sobre la validez legal de los patrullajes previstos ya que el Juzgado Federal de Orán es un actor clave la investigación de causas narco y recepción de denuncias y decomisos por el tráfico de drogas.
El magistrado Montoya había convocado a una audiencia virtual a las partes para resolver la presentación realizada en contra de ese plan impulsado por la administración de Javier Milei. En ese sentido, las autoridades del Ministerio de Defensa expusieron ante Montoya las reglamentaciones que sustentan ese despliegue militar, según indicó el diario El Tribuno.
Los argumentos convencieron al juez federal de Orán, que con el rechazo de la reclamada medida preventiva de hábeas corpus brindó un respaldo al Operativo Roca.
La recepción judicial de estos patrullajes marca también la preocupación compartida por las autoridades del Norte sobre la necesidad de poner los mayores obstáculos posibles al avance de las bandas narco. Es diferente a lo expuesto durante los mandatos de la ahora condenada y por entonces presidenta Cristina Kirchner. En ese momento habían llegado al Edificio Libertador objeciones judiciales a la presencia militar en la frontera norte. Era otro tiempo, por ejemplo, en el juzgado federal de Orán estaba otro magistrado, Raúl Reynoso, que en 2015 sería procesado y cuatro años después condenado a 13 años de prisión por sus relaciones con los narcotraficantes de la zona. En esa época, no querían ojos extraños en la zona.
Distinto es el caso ahora, con el Operativo Roca bien recibido tanto por funcionarios judiciales como políticos locales. El propio ministro Petri tuvo el mes pasado importantes reuniones en Salta para reunir apoyos clave para esa iniciativa, que se une a otras reformas como el Servicio Militar Voluntario. No solo se encontró con el gobernador Gustavo Sáenz, sino que tuvo un encuentro en el que dio detalles del despliegue a un auditorio compuesto por la presidenta de la Corte de Justicia provincial, Teresa Ovejero, y los fiscales federales de Salta Eduardo Villalba y Ricardo Toranzos, entre otros funcionarios judiciales. El rechazo del hábeas corpus con el que se intentó frenar el despliegue es otra señal sobre el apoyo judicial al operativo.
En el campo táctico, los militares buscarán con el movimiento de sus patrullas negar el terreno a los contrabandistas de drogas.
Una frontera seca, con zonas de montes y áreas de difícil acceso, es la zona de tráfico hormiga, en movimientos de varios hombres que pueden llegar a sumar 100 kilos de cocaína en las mochilas. La intención oficial es bloquear por presencia los lugares hoy descubiertos. Sin que se trate esa maniobra de una tarea de seguridad, sino de un operativo militar de patrullaje de frontera, durante los cuales los uniformados puede intervenir ante un delito en flagrancia.
El apoyo a la Gendarmería, en ese caso, será permitir que la fuerza federal concentre sus recursos en golpes definidos por investigaciones y en los operativos en los caminos que cruzan Salta, cuando el contrabando hormiga se transforma en cargamentos consolidados de cocaína, como los 97 kilos de esa droga descubiertos ayer a partir de un control en la ruta nacional N°9.