Alfredo Orellana, argentino residente en Virginia, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras regresar de un viaje familiar a El Salvador. Tiene 31 años, está casado con una ciudadana y trabaja como cuidador de un joven con autismo. Ahora enfrenta una posible deportación por una condena menor de 2017, pese a tener una “green card” vigente. El caso expone cómo las políticas migratorias más estrictas afectan también a residentes legales con años de arraigo en el país.
La detención ocurrió el 21 de enero de 2017, un día después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente. Orellana volvía de unas vacaciones en El Salvador junto a su esposa, con quien esperaba el nacimiento de su primer hijo. Al ingresar al país, fue retenido por las autoridades migratorias.
Desde entonces, permanece bajo custodia en el Centro de Detención El Valle, en Raymondville, Texas, a más de 1600 kilómetros de su casa en Virginia. Allí enfrenta un proceso de deportación basado en una condena por un delito menor ocurrido años atrás.
Según contó a CNN Lena Ferris, madre del joven con autismo al que Orellana cuida desde hace años, el arresto desarmó por completo el entorno familiar y laboral del joven argentino. Ferris debió dejar su empleo en el Gobierno para atender a su hijo, que aún no entiende por qué Alfredo no está en casa. “Está muy afectado. No sabe cómo articular el dolor”, afirmó.
Orellana fue condenado en 2017 por obtener menos de 200 dólares mediante falsas pretensiones. Según el Departamento de Seguridad Nacional, esa infracción puede considerarse un “delito de depravación moral”, categoría que puede volver inadmisible a un residente legal bajo la legislación migratoria.
Su abogado, Ben Osorio, sostuvo que el proceso es desproporcionado. Dijo: “Muchos jóvenes estadounidenses cometen errores, pero él está siendo castigado de una manera que ellos no”. La audiencia final del caso está prevista para el 25 de abril en Annandale, Virginia.
La esposa de Orellana atraviesa un embarazo de seis meses. Ambos habían comprado una casa y estaban organizando un baby shower cuando fue arrestado. Lena Ferris, madre del joven con autismo al que Orellana cuida desde hace años, también fue afectada: renunció a su trabajo en el Gobierno para atender a su hijo.
“Mi hijo está muy afectado. No entiende dónde está Alfredo”, declaró Ferris a CNN. Según ella, Orellana “es fenomenal ayudando a personas con necesidades especiales”.
Aunque Alfredo Orellana es titular de una “green card”, su caso refleja un patrón más amplio. Según abogados citados por CNN, la administración Trump endureció los controles sobre residentes legales, incluso cuando se trata de delitos menores cometidos años atrás.
Las nuevas tecnologías en los sistemas de ICE permiten detectar rápidamente antecedentes penales, y el Gobierno prioriza estos casos para cumplir con cuotas de deportación. “Sería enviado a un país donde no conoce a nadie”, advirtió Ferris.
ICE incluyó a Orellana en su base de datos como una persona detenida, aunque hasta el momento no ofreció declaraciones oficiales sobre su situación, según reportó CNN. Mientras tanto, la defensa del joven se mantiene a la espera de una resolución favorable en la próxima audiencia judicial. El abogado Josué Osorio, quien representa al migrante detenido, expresó su confianza en que su cliente será liberado luego de comparecer ante el juez.
Lewelyn Dixon, filipina de 64 años, fue detenida el 28 de febrero en el Aeropuerto de Seattle-Tacoma por agentes de la Patrulla Fronteriza. Vive en Estados Unidos desde hace 50 años y posee una green card vigente.
El motivo de la detención fue una condena por malversación de fondos ocurrida en 2001, por la que cumplió 30 días en un centro de reinserción. Según su abogado, Benjamin Osorio, ese antecedente activó un criterio de “inadmisibilidad” al reingresar al país.
Dixon fue trasladada al Centro de Procesamiento del ICE del noroeste, donde permanece bajo custodia. Su familia no recibió detalles del proceso, aunque pudo visitarla.
Organizaciones migrantes y legisladores locales expresaron preocupación. La representante estatal Tina Nakada Grandinetti advirtió: “No es algo único. Es parte de un ataque más amplio”.