La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, criticó con dureza a los promotores inmobiliarios que demandaron a su administración en relación con el acceso al agua en el estado.
En un reposteo en X (antes Twitter) de un artículo de opinión de Tom Buschatzke, Director del Departamento de Recursos Hídricos de Arizona, la mandataria escribió: “Desarrolladores corporativos irresponsables están demandando a mi administración para poder extraer su agua para su propio beneficio. No lo permitiré”.
El origen de la controversia es una acción judicial presentada por el Goldwater Institute contra el Departamento de Recursos Hídricos de Arizona (ADWR, según sus siglas en inglés). La demanda alega que las decisiones del ADWR sobre la disponibilidad del agua subterránea son “arbitrarias” y que obstaculizan el desarrollo en el estado.
Tom Buschatzke, quien también es exdirector del ADWR, defendió en su publicación en Azcentral la regulación estatal sobre el agua y cuestionó los intentos por debilitar la protección de los recursos hídricos en Arizona.
Buschatzke recordó que la Ley de Gestión del Agua Subterránea de 1980 establece la garantía de un suministro de agua para los hogares en las áreas de manejo activo (AMAs, según sus siglas en inglés). La normativa exige que cualquier desarrollo en estas zonas cuente con una certificación de suministro asegurado para al menos 100 años. Esta política busca evitar la sobreexplotación y garantizar la sostenibilidad del recurso.
Sin embargo, según el artículo de Buschatzke, la demanda presentada por el Goldwater Institute busca debilitar estas protecciones al exigir que el estado apruebe nuevos desarrollos sin considerar su impacto en los suministros existentes.
El ADWR sostiene que la metodología utilizada para evaluar la disponibilidad del agua no es nueva ni arbitraria, sino que ha sido parte del proceso regulatorio desde 2017. Buschatzke subrayó que la agencia ha trabajado en alternativas que permitan el crecimiento urbano sin comprometer la seguridad hídrica de los residentes actuales.
“El departamento tiene la obligación legal de proteger los suministros de agua de los arizonenses que ya viven aquí cuando se consideran nuevos desarrollos”, afirmó Buschatzke. “No permitiremos que los abogados del Goldwater Institute o cualquier otro grupo debiliten estas protecciones sin luchar”.
El debate en torno a los recursos hidricos en Arizona se ha intensificado debido al crecimiento poblacional y los efectos del cambio climático. La administración de la gobernadora Katie Hobbs ha reafirmado su compromiso con la defensa de las políticas hídricas establecidas, al rechazar las presiones de desarrolladores que buscan flexibilizar las regulaciones.
Además, en enero de 2025, la gobernadora Hobbs anunció una inversión de 60,3 millones de dólares para proteger el suministro de agua de Arizona. Esta inversión se centra en la conservación, la implementación de tecnología avanzada, mejoras en la infraestructura y la sostenibilidad hídrica para abordar los desafíos críticos en todo el estado.
Parte de estos fondos, 14,6 millones de dólares, se destinarán al Fondo de Subvenciones para la Conservación del Agua de la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura del Agua (WIFA, por sus siglas en inglés), para apoyar proyectos de conservación en todo Arizona, incluidas soluciones para áreas rurales y suministros sostenibles a largo plazo.