Se presentó finalmente una única oferta por la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Y, en un episodio insólito, se trató de la empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME), justamente la que había presentado denuncias contra el pliego de licitación.
DEME había advertido desde el principio que el pliego estaba direccionado para que ganara el también belga Jan de Nul, anterior licenciatario de esa vía navegable.
Pero Jan de Nul ni siquiera se presentó. Ahora, se espera qué decisión tomará el Gobierno, que podría declarar desierta la licitación.
En un documento que publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno había afirmado que el señalamiento de presunto direccionamiento «carece de objetividad y constituye, un intento malintencionado de deslegitimar un proceso transparente». Los representantes de Jan de Nul manifestaron una postura similar.
Sin embargo, otras compañías interesadas en la concesión de la Hidrovía, como la propia DEME, Rohde Nielsen y la china CCCC, presentaron planteos que cuestionaron la integridad de la compulsa. Además, actores políticos, como la Coalición Cívica, también activaron la vía judicial. De hecho, uno de sus escritos motivó la intervención de la PIA.
Hidrovía: la licitación más grande de la gestión de Javier Milei
Se trata de la licitación más grande de la gestión del presidente Javier Milei. El ganador, que todo parece indicar será DEME, se quedará durante 30 años con un negocio que, según calcula el Gobierno, podría facturar hasta u$s410 millones anuales por el cobro de peajes a los barcos que llevan y traen bienes a través de la Hidrovía. El pliego otorga la concesión al ganador, a cambio de que este se haga cargo de las obras de dragado y señalización.
En la previa a la licitación, hubo cuestionamientos de parte de los fiscales por el plazo de 30 años de la concesión. En los pliegos elaborados en el gobierno se fijaron 30 años, prorrogable por 30 años más, sin justificación adecuada ni análisis de su conveniencia. En efecto, la PIA remarca lo manifestado por la Cámara Argentina de Mantenimiento de Vías Navegables y Dragados Ambientales: el plazo para concesionar no pude ser de más de 15 años, con una prórroga de 5 años. Más plazo generará monopolios y barreras de entradas sin ventajas para quienes pagan el peaje.
Distintos actores que trabajan a diario alrededor de Vía Troncal Natural (VTN) señalaron que «la elaboración de los pliegos tuvo una intensa etapa previa a partir de las Mesas Interdisciplinarias que comenzaron en agosto de 2024 y en la que participaron los usuarios del sistema navegable troncal, representantes de las provincias, los gremios, puertos públicos y privados como así también representantes de los organismos oficiales asociados al proceso».
Muchas quejas existieron por el plazo otorgado por la administración Milei para presentar ofertas. Se otorgaron 55 días hábiles contra los 176 de la última licitación que fue en el año 1993.
Sin embargo, hay que recordar el antecedente del año 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se realizó un llamado a licitación corta del que participaron las empresas que hoy están en disputa. Además, el plazo actual fue extendido a pedido de las empresas del 29 de enero al 12 de febrero próximo que es la fecha clave y límite que marcó en rojo en el calendario el gobierno de Milei.
Si bien participan las empresas internacionales más importantes del sector se escucharon críticas por los criterios financieros que dejarían afuera a algunas de ellas. El dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay es una de las obras de infraestructura más importante a nivel planetario y se necesita el auxilio de buques, dragas, equipos de apertura y mantenimiento.
Estos temas no son ajenos a las grandes empresas multinacionales que participan, pero el cálculo de solvencia económica que deben presentar fue puesto en entredicho.
Un criterio que establece un respaldo equivalente a los ingresos de un año de gestión de VNT, que funcionaría como una garantía de sustentabilidad y continuidad de las obras en el tiempo.
La empresa belga Jan de Nul, actual operador, ganó la única licitación exitosa por la concesión de la Hidrovía lanzada en 1993. Luego obtuvo prórrogas; la última fue en 2010. Uno de sus socios en el consorcio del que formaba parte, Gabriel Romero, dueño de Emepa, admitió en la Causa Cuadernos haber pagado coimas por u$s600.000 para la extensión de dicho contrato, que expiró en 2021.
A partir de allí, el Estado se hizo cargo de la concesión de la vía navegable. La gestión de Alberto Fernández intentó lanzar una compulsa que fue desestimada por un dictamen de la PIA, similar al actual, en el que también había detectado «presuntas irregularidades». Desde entonces, la Administración General de Puertos (AGP) manejó el precio del peaje y, para las obras de mantención de «la autopista de los barcos», contrató a Jan de Nul y Emepa.