La Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por la empresa Thomas Greg and Sons, retiró la demanda que había interpuesto contra la Nación por casi 120 mil millones de pesos.
La acción legal se presentó luego de que el suspendido ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, declarara desierta la licitación pública 001 de 2023, que definía la contratación para la fabricación y personalización de pasaportes.
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En un comunicado oficial, la Unión Temporal explicó que su propósito ha sido siempre “servir al país y en especial al Ministerio de Relaciones Exteriores con la seriedad, el compromiso y los estándares de calidad que nos ha distinguido en el mercado desde hace más de 40 años”.
La UT recordó que su demanda tenía como principal objetivo que se le permitiera ejecutar el contrato que había sido declarado desierto. No obstante, con el fin de evitar afectaciones en el servicio, el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por contratar a la misma Unión Temporal para garantizar la fabricación y personalización de pasaportes, lo que permitió que la operación continuara con normalidad.
“Teniendo en cuenta que los contratos se han venido ejecutando de manera satisfactoria, la Unión Temporal considera que su pretensión principal ha sido resarcida en un punto aceptable”, señaló la UT en el comunicado.
Por esta razón, la empresa decidió retirar voluntariamente la demanda y dar por terminado el conflicto que mantenía con el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque subrayó que “el Ministerio no se identifica con la visión corporativa de los miembros de la UT”.
Con este desenlace, se pone fin a una disputa legal que generó amplio debate en la opinión pública, especialmente tras las decisiones tomadas en torno a la licitación de pasaportes durante la gestión de Álvaro Leyva.
La Unión Temporal también subrayó que su decisión de desistir de la demanda fue tomada de manera voluntaria y con el objetivo de cerrar un capítulo que no refleja los valores corporativos de sus integrantes. En palabras de los voceros de la UT, citados por El Tiempo, “no somos cazafortunas, ganamos plata pero trabajando”.
Este caso se enmarca en la controversia que llevó a la inhabilidad del exministro de Relaciones Exteriores para ejercer cargos públicos durante 10 años. La sanción, impuesta por la Procuraduría General de la Nación el 12 de noviembre de 2024, se basó en presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la licitación de pasaportes.
De acuerdo con lo informado por Valora Analitik, el procurador delegado Ernesto Espinosa explicó que Álvaro Leyva incurrió en una falta gravísima al desconocer los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la etapa precontractual del proceso.
La Procuraduría determinó que el exministro tomó la decisión de declarar desierta la licitación sin contar con los fundamentos técnicos, jurídicos y fácticos necesarios, además de decretar una urgencia manifiesta sin las causales justificadas.
Leyva había argumentado que la licitación favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons, la cual había gestionado la expedición de pasaportes en Colombia durante casi dos décadas. Sin embargo, la Procuraduría concluyó que su actuación vulneró los principios fundamentales de la contratación estatal.
El proceso disciplinario contra Leyva comenzó en septiembre de 2023 y llevó a su suspensión en enero de 2024, mientras avanzaban las investigaciones. En mayo de ese mismo año, Luis Gilberto Murillo asumió como nuevo canciller de Colombia en medio de la controversia por la licitación de pasaportes.
Ahora, Murillo, quien tuvo un papel clave en la disputa entre el Gobierno nacional y la empresa Thomas Greg & Sons, dejó el cargo el 28 de enero de 2025, siendo reemplazado por Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Con la inhabilidad de Leyva y la resolución del conflicto entre la Unión Temporal Pasaportes 2023 y el gobierno, la disputa por la licitación de pasaportes parece haber llegado a su fin.