Brian Alexander More (24) es un agente que prestaba servicio en la Policía Federal Argentina (PFA). A mediados de octubre pasado viajó a San Pedro por el escándalo de RainbownEx, la estafa piramidal que dejó un tendal de víctimas en la ciudad. Relevó pruebas, intervino en los operativos y colaboró en las dos detenciones, pero increíblemente aprovechó el tiempo para hacer un trabajo extra e ilegal: durante su estadía montó un falso allanamiento con dos cómplices con la intención de asaltar una financiera. Sin embargo, el plan falló y terminó preso y condenado en poco más de un mes.
More nació en la provincia de Tucumán, aunque vive en la Ciudad de Buenos Aires desde que fue asignado a la División Antifraude de la PFA, una delegación encargada de investigar fraudes y estafas bancarias, entre otros delitos. Antes de sumarse a la fuerza, el agente trabajó en un autoservicio de la calle Lamadrid, en San Miguel de Tucumán. Allí coincidió con su compañero de causa, Lucas Santiago Ruiz (23), también tucumano, pero no policía como él, y con domicilio en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda.
Junto a un tercer hombre que manejaba un Peugeot 408 –y que hasta el momento no pudo ser identificado– llegaron hasta la financiera Reuterfin de San Pedro con una orden de allanamiento impresa. Ruiz y More estaban vestidos de policías, con una gorra tipo visera azul y una campera con la sigla PFA. El policía verdadero tenía un juego de esposas y su pistola reglamentaria con 18 proyectiles. En una mochila, además, llevaban una computadora y una impresora.
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De acuerdo a las fuentes, More fue el que dio todas las directivas. “Allanamiento, policía”, gritó apenas atravesó la puerta de ingreso a la financiera. Enseguida pidió que bajaran las persianas y colocaran el cartel de “cerrado” en la puerta. Les prohibió usar sus celulares a los cinco empleados y el vigilador, pero hubo un detalle que llamó la atención de todos: desconectaron el sistema de videocámaras.
Luego, leyó la orden de allanamiento y explicó que nadie podía salir hasta que culminara el operativo. Sabía cómo hacerlo porque quince días antes había allanado una financiera en el marco de la investigación por la estafa piramidal.
El 9 de octubre pasado, por orden del fiscal federal Matías Di Lello, la División Antifraude de la PFA realizó dos operativos: uno en Overcash y otro en el barrio cerrado Apart Club. Tres días después allanaron dos domicilios y detuvieron preventivamente a dos hombres por el delito de intermediación financiera ilegal.
La sospecha es que el agente More hizo una copia fiel de una de las órdenes de allanamientos utilizadas en los operativos de RainbowEx, porque el documento contenía el código de barras y la firma digital de un juez de San Nicolás, que supuestamente había autorizado la orden de registro con el mandato de secuestrar moneda nacional y extranjera, celulares, documentación y máquinas de contar billetes, entre otros elementos.
Los detalles del golpe habían sido cuidadosamente estudiados, pero no pudo llevarse a cabo porque el guardia de seguridad de la financiera dio aviso a la policía local, que finalmente descubrió que todo era una puesta en escena.
El fiscal Di Lello, el mismo que interviene en la causa RainbownEx, se hizo cargo de la investigación e inmediatamente ordenó relevar toda evidencia.
Como primera medida confirmó que uno de los involucrados era efectivamente un agente de la Federal en servicio. El comisario Marcelo Rodríguez Vimo, a cargo de la División Antifraude, reconoció a More como numerario de la fuerza de seguridad con jerarquía de agente y legajo personal N° 45.720.
Las cámaras de seguridad de la financiera grabaron el momento en el que More y Ruiz llegan al lugar, que coinciden con las declaraciones testimoniales y el acta de inspección ocular y croquis ilustrativo del local.
“Se tuvo por acreditado que los imputados desplegaron un ardid consistente en hacer creer a las víctimas que existía una orden de allanamiento dispuesta por una autoridad federal, obligando de tal manera a los empleados de la financiera a poner a su disposición dinero y demás efectos que se detallan en la falsa orden”, remarcó el fiscal, en el pedido de juicio oral y público a los acusados, según reveló el sitio fiscales.gob.ar
Y agregó que “dicho cometido no fue logrado (desapoderamiento de dinero y otros elementos) por motivos ajenos a su voluntad, esto es, la intervención de personal policial bonaerense, quedando el hecho en grado de tentativa y ambos en calidad de coautores”.
En base a las pruebas reunidas, More y Ruiz acordaron someterse a un juicio abreviado reconociendo su culpabilidad en los hechos. A raíz de ello, el juez Carlos Villafuerte Ruzo condenó a More a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de diez años, como coautor penalmente responsable de los delitos de extorsión en grado de tentativa, en concurso ideal con el uso de documento público falso, agravado por haber sido ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, en calidad de coautor.
Además, Lucas Ruiz recibió la misma pena con costas del proceso y multa como coautor de los delitos de extorsión, en grado de tentativa, en concurso ideal con el uso de documento público falso, en concurso ideal con el delito de usurpación de título por haber utilizado públicamente insignias y distintivos de un cargo que no ejerce, este último delito en calidad de autor.
San Pedro Ponzi
La ciudad de San Pedro fue noticia hace unos meses por la estafa piramidal que afectó a un veinte por ciento de la población. En un pueblo de 70 mil habitantes cerca de 20 mil habían caído en la trampa seducidos por los grandes retornos de una plataforma ficticia.
Cada vez que “La China” –que no era china, sino uno de los principales referentes del consorcio en San Pedro– enviaba las señales vía Telegram todos los supuestos inversores dejaban todo para seguir sus instrucciones. Hubo varios que ganaron dinero, pero otros muchos perdieron todo como pasa en las estafas piramidales.
A pesar de la repercusión nacional, algunos vecinos de San Pedro volvieron a probar suerte en otra plataforma: CM Crypto Master.
En este caso los usuarios depositaron dinero con la promesa de realizar inversiones en el extranjero. Lo hicieron durante varios meses, pero hasta que la cadena se cortó.
Cuando cortaron los retiros, los referentes de CM les pidieron a los usuarios un depósito de mil USDT (equivalente a mil dólares) para rehabilitar las cuentas, pero para lo único que sirvió eso fue para que ellos pudieran robar más dinero y desaparecer definitivamente. Enterado del caso, el periodista y programador Maximiliano Firtman sugirió a la gente de San Pedro buscar un nuevo nombre para la ciudad. No podía creer que volvieran a caer en una estafa tipo Ponzi.