En política, un anuncio para la tribuna es aquel que sirve para ganar adeptos aunque, en el fondo, nada cambie. O cambie poco. Algo así está sucediendo con la medida que lanzó el ministro de Economía de Nación, Luis ‘Toto’ Caputo esta semana, que prohíbe a las provincias y a los municipios cargar tasas o tributos propios en la boleta de la luz.
Subyace al anuncio la idea de que las tarifas se dispararon por culpa de los gobernadores y los intendentes, por su voracidad recaudatoria para alimentar los caprichos de ‘la casta’. Hace tiempo que el gobierno nacional viene alentando esa sospecha: mientras Javier Milei hizo el ajuste más feroz de la historia, los provincianos se hacen los distraídos.
La resolución 267-2024 de la Secretaría de Industria y Comercio avanza en ese sentido, al imponerles a las jurisdicciones esta nueva restricción. En la práctica significa cortarles una fuente de ingresos importante. Una más, si se suma a la larga lista de recursos perdidos porque la motosierra empezó por las partidas que venían a las provincias.
Los intendentes quedaron señalados desde el ‘sinceramiento tarifario’ que impulsó la gestión de Mauricio Macri. Ya en aquel periodo entre 2015 y 2019 se acusó a los jefes comunales de estarse favoreciendo por aferrarse a la actualización descomunal del kilovatio. Entonces, el vecino pagó no solamente por su consumo eléctrico sino también por todas las contribuciones que el municipio quiso cargarle en la maldita columna derecha de la boleta.
Hace tiempo que el arco empresario les reclama a los intendentes que aflojen la presión fiscal. Uno de los portavoces de este clamor ha sido el presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi, hoy convertido en militante de La Libertad Avanza y, posiblemente, candidato a diputado nacional el año próximo.
En esta nueva nueva etapa de liberalización absoluta de las tarifas energéticas, los jachalleros se pusieron al frente de la protesta. Mientras el resto de la provincia se queja en silencio, en el departamento del norte estallaron las protestas en la vía pública. El intendente Matías Espejo y sus concejales tuvieron que ponerle el pecho al reclamo. Otra vez surgió la idea de que el asunto sería menos grave si el municipio tuviera un gesto de resignación. Es decir, si quitara su recaudación de la factura de Naturgy.
Este jueves en Banda Ancha el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, le puso nombre a la maniobra. Dijo que la resolución de Caputo solo pretende desviar el foco de la cuestión de fondo. ‘El problema es el precio de la energía, que está haciendo que la boleta de la luz sea impagable’, sostuvo el rawsino.
Munisaga denunció una maniobra política. Dijo que ‘se quiere justificar (el tarifazo) instalando que hay otros responsables’. Fue la primera vez que un intendente sanjuanino salió a plantearlo así, sin vueltas.
Por otro lado, el jefe comunal de Rawson confió en que la resolución no será aplicable en San Juan, porque tiene varios cabos sueltos. Además consideró que es inconstitucional. Pero, 48 horas después, el EPRE todavía no sentó posición al respecto. Este compás de espera bien podría poner nervioso a más de uno.
Munisaga volvió a disparar contra la angurria nacional, que sigue ajustando a las provincias pero no su propia recaudación. ¿Acaso el usuario común sabe que por la energía eléctrica está pagando más IVA que el que paga por los alimentos, por ejemplo? Todo eso va a la caja de Caputo.
La chimbera Daniela Rodríguez también salió con fuerza a resistir la resolución. ‘A Chimbas esto le corta las piernas’, dijo la jefa comunal. Y anticipó que irá a la Corte Suprema si fuera necesario. Tanto a ella como a Munisaga les está pasando lo mismo: son cada vez más los vecinos que van a pedirles una ayuda para pagar la luz.
Más moderado, el pocitano Fabián Aballay le bajó el tono a la controversia. Dijo que en su departamento solo se cobra el canon por alumbrado público en la factura eléctrica. Por lo tanto, el ítem sería compatible, podría seguir. El dirigente uñaquista evitó confrontar.
La estrategia de hacerse el distraído puede servir transitoriamente. Siempre funcionará como un paréntesis, aunque no resuelva nada. Las boletas seguirán llegando y aunque el EPRE dispuso no subir la tarifa hasta enero de 2025, Nación ha liberado los precios a gusto y paladar del mercado.
No hace falta ser adivino para prever que el malestar social subirá al compás de los aumentos. ¿Tendrán la culpa los intendentes finalmente? Para el gobierno nacional no cabe niguna duda. Aunque sea una jugada para la tribuna.
JAQUE MATE