Las provincias tendrán que recortar casi 17% de la masa salarial y más de 22% de fondos para obras públicas este año por el efecto combinado de recesión y ajuste fiscal diseñado por la Nación. La estimación corresponde al ministerio de Economía comandado por Luis Caputo, que podría encontrar en el veto a la ley de nueva movilidad jubilatoria otro recurso para forzar la austeridad del Interior, dilatando el pago de 700 millones de dólares a los distritos que no transfirieron sus cajas jubilatorias.
El diagnóstico de falta de fondos y recortes imprescindibles en el interior están consignados en el informe de avance de Presupuesto 2025, que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso.
Allí la Nación prevé que en 2024 la economía argentina caerá 3,5% y que la única lumbre al final del primer año de mandato libertario sería un superávit comercial superior a los 21.000 millones de dólares, no sólo porque Argentina exportará más sino porque importará menos.
En el documento se prevé que el conjunto de provincias estarán forzadas a recortar no sólo salarios en términos reales sino a disminuir su plantilla de empleados. El segmento personal insume en promedio casi la mitad de los recursos presupuestarios totales y trepa por encima del 80% en algunos estados del interior.
Un retroceso aún mayor registrarán los gastos de capital. Se reducirían 22,5% los fondos para infraestructura en las provincias, que se financian con recursos propios y otros que reciben desde las arcas centrales.
Aunque con recortes de diferente envergadura, esta poda afectará al consolidado de todas las provincias –incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—que, al margen de las penurias por la caída real de sus recaudaciones, tienen que afrontar el drástico recorte de los fondos que les manda la Nación.
El dinero que se distribuye entre gobernaciones y municipios tiene dos grandes categorías, distinguidas por cierto nivel de arbitrariedad en esa asignación de fondos.
Las transferencias automáticas están condicionadas a los índices de coparticipación federal, determinados por una ley que en 30 años ninguna conformación del Congreso consiguió modificar.
Estos giros diarios realizados a través de una cuenta en Banco Nación están muy condicionados por el nivel de actividad: si la economía se retrae, la recaudación de impuestos coparticipables, también.
En el primer semestre de este año cayeron 18% en términos reales. A la caída general por menor nivel de actividad económica, en este ejercicio influyó la suspensión del Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores que promovió la administración de Sergio Massa y el Parlamento restituyó semanas atrás.
Según tomó nota el equipo de Caputo, a esta realidad se sumará el desafío de cancelar deudas en dólares, como la que la Provincia de Buenos Aires tiene que afrontar en septiembre.
Resultado: en 2024 el conjunto de provincias tendrá “déficit financiero”, a contramano del resultado que se pronostica para la jurisdicción nacional.
La otra categoría es la de las transferencias no automáticas, en las que el Poder Ejecutivo tiene algún margen mayor de maniobra, lo que siempre deja bajo sospecha al gobierno de turno de usar fondos para premiar a gobernadores amigos y castigar a los otros.
Esta facultad existe y se ejerce, aunque está acotada por leyes o acuerdos que enmarcan esos giros.
Hasta el año pasado la mitad de los recursos eran insumidos por el Fondo nacional de Incentivo Docente, que fue suprimido, afectando en simultáneo a todas las jurisdicciones: los maestros dejaron de percibir un adicional de entre $43.994, en enero, y $90.786, en diciembre.
Otro guadañazo fue la supresión del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires, que privó a al gobierno de Axel Kicillof de percibir este año $873.765 millones.
Milei redujo más del 87% real las transferencias no automáticas y, según argumentó por escrito, lo hizo por dos razones.
Una fue “Para promover un cambio estructural” del diseño fiscal con miras al erradicar el déficit. Otra, para evitar “la discrecionalidad” con las que se había repartido ese dinero durante 2023, agudizando “las asimetrías en el ingreso per cápita”.
Según se consigna en el Informe de Avance, durante el último año de gestión de Alberto Fernández, las diferencias per cápita entre la provincia que más recibía y la que menos era de 18 veces.
Es una manera de mirar la situación y no necesariamente significa que el Palacio de Hacienda privilegie a una gobernación en detrimento de otra.
Si se excluyeran algunas situaciones legales particulares –como el erradicado fondo bonaerense o recursos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el servicio de seguridad transferido-, el año pasado la provincia de Buenos Aires lideró el ranking como receptora de giros discrecionales y Córdoba estuvo en el fondo.
Del total de transferencias, la administración de Axel Kicillof recibió el 10% a discreción mientras que la que comanda el cordobés Martín Llaryora, apenas 3%.
Si se consideran los recursos de origen nacional en función a la cantidad de habitantes, el ranking cambia sustantivamente. La CABA fue la más desfavorecida de las jurisdicciones y Tierra del Fuego está en el top: cada fueguino recibió el año pasado 12 veces más dinero que un porteño, según los registros numéricos del Palacio de Hacienda.
Córdoba, Mendoza y Santa Fe están entre las últimas; La Rioja, Catamarca y Formosa, escoltando a la ciudad de Jorge Macri. Las estadísticas no permiten ninguna afirmación categórica sobre favoritismos.
De lo que no hay duda es que en 2023 el conjunto de provincias quebró la racha previa de superávits consolidados y mayor bonanza que la Nación. La misma situación negativa se replicará en 2024, según las previsiones oficiales.
Las transferencias incluyen el dinero con el que Hacienda ayuda a pagar las jubilaciones de las 13 provincias que a principios de los ’90 no transfirieron sus cajas previsionales.
Después de muchas idas y vueltas se llegó a un acuerdo por el cual esa ayuda sólo servirá para paliar el déficit que se genera en una provincia si sus retirados cobrasen lo mismo que quienes están bajo el sistema Anses, mucho menos benévolo que los regímenes provinciales.
Hacer ese cálculo implica complejas auditorías y acuerdo en número de beneficiarios y pagos teóricos, que dejan en un limbo administrativo la promesa nacional de ayuda.
La flamante ley de movilidad jubilatoria vetada incluyó un artículo que fija un plazo de seis meses para que se honren esas obligaciones. Un respaldo legal adicional para que los gobernadores cobren.
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las principales acreedoras de una deuda que, por ahora oficiosamente, Anses estima en algo más de 703.00 millones de pesos para el conjunto de jurisdicciones acreedoras.
Desde esta perspectiva, ni a Axel, ni a Llaryora ni al santafesino Maximiliano Pullaro les conviene el veto presidencial.
En este contexto tormentoso, Macri (primo) festeja: la Ciudad acaba de recibir 450.000 millones de pesos en concepto de la coparticipación que reclama.