El oficialismo tiene una interna en la Cámara Alta que compromete la elección del juez que Milei quiere para la Corte Suprema. Victoria Villarruel ya manifestó que no está de acuerdo con la propuesta.
Milei podría darle un cargo importante a Macri en su gobierno.
El Gobierno busca quebrar el liderazgo de Mauricio Macri en el PRO con la intención de sumar votos en el Congreso para la candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Las audiencias públicas de la comisión de Acuerdos del Senado -que preside Guadalupe Tagliaferri- arrancan el 21 de agosto y el Ejecutivo quiere votar en septiembre los pliegos en el recinto.
La Casa Rosada negocia con los senadores del PRO para que vayan en contra de la línea que bajó el expresidente en el acto de relanzamiento de su partido. El exmandatario manifestó el jueves en La Boca: “No estoy de acuerdo y me parece que es un error. Lo más importante para restablecer a la Argentina es la confianza. La economía estable, sin inflación, sin déficit fiscal, es una pala, pero lo más importante es la Justicia”.
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La mesa chica de Balcarce 50 intenta tender puentes con Luis Juez, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli, Martín Goerling y Tagliaferri más allá de sus declaraciones públicas. El encargado de negociar por Nación es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que dialoga también con el kirchnerismo.
“Los senadores del PRO no son de Macri y no hay que negociar con él para que voten a favor. Aunque diga que su fuerza no va a acompañar, algunos no dieron vistos negativos para Lijo”, expresó a TN un funcionario cercano a la mesa de negociación.
El expresidente Mauricio Macri en el acto de relanzamiento del PRO (Foto: NA/Damián Dopacio).
La mesa chica de Balcarce 50 le pidió a Lijo que colabore con los votos para incorporar al académico Manuel García Mansilla en el máximo tribunal y mantiene la postura de que “salen los dos o ninguno”.
Los cercanos a la cúpula del Ejecutivo sostienen que cuentan con los dos tercios de la Cámara para designar al magistrado de Comodoro Py, pero reconocen que no tienen las mismas adhesiones para el catedrático. “Hay 33 que acompañan, pero todavía falta negociar con un sector del peronismo por Mansilla”, deslizó a TN un alto colaborador.
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El Gobierno tiene además una interna, que compromete los siete votos de su bloque en el Senado. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, ya manifestó que no está de acuerdo con la propuesta del juez federal para la Corte y sumó el respaldo del senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, que apuntó públicamente contra el asesor presidencial Santiago Caputo.
En el entorno del mandatario apuntan contra la titular del Senado y la critican por “no colaborar con la agenda del presidente”. Acusan a Paoltroni de “desagradecido” y aseguran que “el que no sigue a rajatabla la línea de Milei, no va a tener espacio en el armado”.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en La Rural (Foto: REUTERS/Matias Baglietto).Por: REUTERS
En el Gobierno no descartan la propuesta de avanzar con la ampliación del máximo tribunal y ven con buenos ojos la inclusión de una mujer para ocupar uno de los espacios. “La opción que nos gustaría impulsar es la de una reforma que amplíe la Corte a nueve lugares”, expresó a TN un funcionario.
El Ejecutivo mantiene la postura de no insistir por el momento con completar el cargo en la procuración General de la Nación -que ocupa de forma interina Eduardo Casal-, pero pone la mira en los lugares vacantes de la Auditoría General de la Nación (AGN).
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Altos funcionarios de la Casa Rosada bajaron la línea de no responder a las críticas de Mauricio Macri hacia el círculo íntimo de Milei y deslizaron que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, se rieron de las chicanas del expresidente.
En la cúpula del Ejecutivo sostienen que el líder del PRO “no mide más de 5 puntos” y buscan absorber cuadros técnicos de su partido sin acuerdos políticos de por medio. Es el caso de los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación).