La escucha judicial clave que complica a los piqueteros de una cooperativa del Polo Obrero

La investigación de la Justicia contra dirigentes sociales por extorsión a beneficiarios de planes y desvío fondos de programas de asistencia del Estado avanza con el objetivo de intentar determinar en dónde se encuentra el dinero que se habría generado a través de las amenazas y aprietes de dirigentes piqueteros a beneficiarios de planes sociales.

Por estas horas, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello están abocados a determinar si el Polo Obrero canalizó los fondos obtenidos de estos actos ilícitos a través de una cooperativa denominada “El Resplandor Limitado”. Esta entidad fue presidida hasta mediados de 2022 por María Isolda “Tango” Dotti, una de las referentes del Polo Obrero, allanada el pasado lunes en su domicilio y a quien la Policía Federal le secuestró 54 mil dólares. También hay otra mujer imputada en la causa que se desempeñaba como síndica y vocal de esta organización.

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Los investigadores creen que los líderes piqueteros usaban El Resplandor Limitado para blanquear fondos generados a través de diversas prácticas extorsivas, como quedarse con un porcentaje del programa Potenciar Trabajo, la venta de bolsones de comida y un sistema de multas de 10 mil pesos por no asistir a las marchas.

En el expediente hay una escucha telefónica clave entre dos dirigentes del Polo Obrero. Una es Elizabeth del Carmen Palma, síndica y vocal de la El Resplandor Limitado hasta 2022, y la otra persona está identificada como “NN”. En esa charla la primera no oculta su preocupación por la posibilidad de que la Justicia investiga a esa cooperativa por lavado de dinero y se muestra preocupado sobre cómo podrían justificar la entrada de plata a esa entidad.

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La escucha telefónica clave en la causa: “¿Cómo justificamos la plata que entra?”

– Palma: “A mí me preocupa, primero que todo, El Resplandor, porque ahí hay compañeros que cobran lo de Veredas Limpias, que igualmente me parece que es la más limpia de todas (…) y después también me preocupan las otras, porque por más que vos digas que no son Asociación Civil, Polo Obrero tiene la dirección de acá, de la Asociación Civil Polo Obrero (…)”.

– NN: “No nos van a meter en cana. Nos van a dar de baja las cooperativas y yo no sé cómo carajo vamos a hacer”.

– Palma: “Nos pueden investigar por lavado de plata, te doy un ejemplo (…). Lo que podemos tener, es las cosas legales correctas”.

– NN: “Sí… hay que ver hasta qué punto. Lo más correcta que se pueda (…)”.

– Palma: “Me preocupa más El Resplandor, porque ahí cobran compañeros de capital, ¿sí? O sea, ¿cómo justificamos la plata que entra?”.

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La Justicia tiene probado que en los comedores, además de exigir la asistencia a las marchas y movilizaciones, se reclamaba el pago de “cápitas” mensuales que equivalían al 2% de la ayuda social percibida en cada caso, la que se abonaba en efectivo siempre los primeros días del mes. En caso de incumplimiento se los incluía en la lista de morosos.

En este sentido, en el expediente hay otra escucha clave. Se produjo el 27 de marzo de 2024 entre Palma y Jeremías Cantero, número 2 del Polo Obrero. En esa conversación la mujer también evidencia su preocupación por la posibilidad de que sean investigadas las cooperativas “que están recibiendo las cápitas”. En ese tramo de la charla menciona a El Resplandor a lo que Cantero le propone “pensar un plan de a dónde va eso”.

La Justicia procederá ahora a analizar minuciosamente las cuentas de la cooperativa: según uno de los investigadores, se ingresó dinero sin ningún tipo de rendición.

Los tres imputados del Polo Obrero en la mira por su vínculo con la cooperativa El Resplandor

• Jeremías Cantero: número “dos” de Eduardo Belliboni y dirigente que se sienta en la mesa nacional del espacio.
• Elizabeth del Carmen Palma: síndica y vocal de El Resplandor Limitado hasta 2022
• María Isolda “Tango” Dotti: presidenta de El Resplandor Limitado entre 2010 y 2022. Actualmente sigue vinculada a la cooperativa ya que es representante ante la AFIP y como apoderada ante el Ministerio de Capital Humano y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La investigación marca que estos dirigentes tomaban decisiones sobre el presunto plan de aprietes y extorsión contra los beneficiarios y que debajo de ellos había toda una estructura organizativa que hacía funcionar el sistema de recaudación.

Ese esquema estaba compuesto por un referente (controlaba la recaudación), delegados (cobraban cuotas y amenazaban a los beneficiarios con que debían ir a las marchas), nexos, cuadrillas y esenciales (tareas de reclutamiento, control y extorsión) y finalmente, en el último de los escalones se encontraban los beneficiarios comunes y los que estaban en la lista de espera, es decir, los que debían ir a las marchas para que luego los dirigentes les consigan un plan social.