Una referente social le cerró el comedor hace tres años y aún figura como beneficiario de ayuda del Estado

Felipe Romero es el dueño de la propiedad en el que dejó de funcionar el comedor hace tres años (Video: TN).

Luego de una investigación de Todo Noticias que dejó al descubierto que más de 1000 comedores y centros comunitarios que aparecían en los registros oficiales no funcionaban como tales, el testimonio del hombre que estaba al frente de “Pequeños Gigantes” brindó detalles sobre esta presunta red de corrupción.

Felipe Romero, dueño de una propiedad ubicada en la Calle 25 al 2620, en el partido de Berazategui, indicó a TN que el comedor que se habían montado allí dejó de funcionar hace más de tres años, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno nacional saliente reveló que hasta diciembre de 2023 le seguía enviando fondos para abastecer de alimentos a los chicos que llegaban hasta allí.

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“Acá funcionaba el comedor, pero no funciona más. Tenemos una líder que está en otro barrio y me levantó el comedor. Yo no lo manejaba. Hace tres años que me levantaron el comedor. Venían muchos chicos. Cuando dejamos venían a preguntar por qué no hacíamos más nada, y les dije que nos levantaron”, sostuvo Romero.

Consultado sobre las razones del cierre de su comedor, indicó una mujer llamada Adriana, perteneciente al Movimiento Corriente Pueblo Unido, le argumentó que los vecinos lo habían denunciado.

“Para mí el comedor sigue existiendo en otro lado. Eso me comentaron, pero en ningún momento dije nada. No quise sobrepasar a nadie”, dijo Romero, que precisó: “A mí me traían mercadería y nunca cobré nada. Solo le daba alimentos a los chicos”.

Luego continuó: “Venían 25 ó 30 chicos, le preparábamos la leche y se la llevaban. A veces la señora de enfrente salía a repartir casa por casa”. Romero ratificó que nunca recibió plata y que de un día para el otro le quitaron la mercadería y le dijeron que el comedor dejaría de funcionar.

La investigación que destapó el caso de los “comedores fantasma”

El año pasado, los desembolsos de la ahora readaptada área de Desarrollo Social en licitaciones de compras de alimentos para esos comedores superaron los $40 mil millones. Sin embargo, la sorpresa apareció al momento de auditar esos gastos en 2168 espacios: el 54% no existía.

En una recorrida que hizo Telenoche se encontraron todo tipo de casos. Desde direcciones inexistentes o teléfonos de contacto que no corresponden a los titulares del lugar hasta viejos comedores que llevan años sin abrir, pero que seguían en la lista de beneficiarios habituales.

Más de la mitad de los centros comunitarios relevados aparecían en los registros oficiales, pero eran baldíos o casas particulares. La comida que se recibía era administrada por organizaciones políticas y movimientos sociales. El rol de una exfuncionaria de La Cámpora.

Hay zonas específicas en las que se acumulan los falsos centros comunitarios con distancias mínimas entre sí. Un ejemplo concreto: en Bernal, a metros de la populosa Villa Itatí, apenas cien metros separan a “Tejiendo Redes de Inclusión” y “Soplo de Vida”, sobre la calle Los Andes. Una de las ubicaciones ni siquiera aparece entre la numeración de la cuadra y los vecinos confirman que en esa ahí nunca hubo nada. La otra es la casa de Roberto, un desempleado que no se demora en pensar lo bien que le vendría hoy un comedor en su barrio.

Cada uno de esos centros, en realidad, responde a alguno de los movimientos sociales que, durante la gestión del Frente de Todos, tuvieron un estrecho vínculo con Desarrollo Social. El Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, MTE o Pueblos Unidos son los más mencionados por los vecinos cuyos domicilios fueron utilizados sin su consentimiento.

El Renacom y el sistema de intermediación

El Renacom se creó con una resolución en 2020, en tiempos de la cuarentena más férrea por la pandemia del Covid. El ministro era Daniel Arroyo, que llegó con el comienzo de la presidencia de Alberto Fernández, pero la funcionaria designada a cargo fue Laura Valeria Alonso, titular de la Secretaría de Inclusión Social y dirigente de la Cámpora.

El documento anexo a la resolución 480, publicada en el Boletín Oficial en octubre de ese año, asegura que el Registro “tiene por objeto acreditar la existencia y el funcionamiento de los espacios físicos”. Una tarea que, por lo que señala la evidencia, no se cumplió. “Es posible que en algún momento haya existido una inscripción compulsiva de comedores”, reconoce un exfuncionario. Agrega también que el sistema tenía “agujeros”.

Los alimentos que compraba el Ministerio eran repartidos en puntos de almacenamiento oficiales y desde ahí se trasladaban a los galpones de las distintas organizaciones. La cantidad a repartir dependía de dos elementos: cuántos comedores tenían que suministrar y cuántos comensales se acercaban a cada uno. En última instancia, los referentes zonales decidían lo que correspondía por lugar.

Hoy, en la Libertad Avanza definen aquel modelo como “discrecional y extorsionador” y se trazaron como objetivo central de gestión en este rubro la “eliminación de los intermediarios”. Fue, de hecho, una de las promesas de campaña de Javier Milei. Y el mismo planteo hizo la ministra Sandra Pettovello en sus escasas participaciones públicas.