La vieja táctica atribuida al recordado líder metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, que se resume en la frase “golpear para negociar” sobrevuela hoy el escenario político. Un día después de su primer encuentro con representantes del gobierno nacional, en el que se parecieron tender los puentes hacia un entendimiento, la CGT anunció una movilización para el 1° de mayo, seguida de un nuevo paro general para el 9 de ese mes.
El triunvirato que conduce la central sindical y que integran Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, terminó avalando la presión de los gremios más combativos para evitar el avance hacia una ruptura, dejando de lado las señales pacificadoras que tanto la conducción cegetista como el Gobierno, con el ministro del Interior, Guillermo Francos llevando la voz cantante, habían brindado un día antes.
Es claro que cuando una medida de fuerza es anunciada con prácticamente un mes de anticipación es porque existe el ánimo de negociar. Pero también debe darse por supuesto que la estrategia vandorista no es exclusiva de la CGT. Cuando desde el propio Gobierno se transmitió la posibilidad de que no fueran homologados determinados aumentos salariales acordados en paritarias, como la del sindicato camionero (45% de incremento salarial por dos meses), deberíamos preguntarnos si las autoridades nacionales no están también golpeando la mesa con la voluntad de terminar alcanzando un acuerdo con el sindicalismo por otras cuestiones. Entre ellas, algunos aspectos de la reforma laboral que Javier Milei intentó sellar a través del megadecreto de necesidad y urgencia, y que fueron obstaculizados por la Justicia.
Lo cierto es que en la reunión que anteayer mantuvieron Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con la conducción de la CGT, los representantes del Gobierno dieron señales de que la homologación de los aumentos salariales acordados en paritarias estaba por producirse y de que la reforma laboral que se impulsaría en el Congreso sería menos profunda de lo que se había imaginado en un primer momento. Sin embargo, menos de 24 horas después de esa reunión, los dirigentes de la central obrera volvieron a pintarse la cara para el combate.
Fuentes sindicales aseguran que no tienen la suficiente confianza en que la palabra de algunos funcionarios gubernamentales no terminará siendo desmentida más adelante por el propio Milei. Recuerdan, en tal sentido, que no hace mucho Francos fue virtualmente desautorizado por el Presidente, después de que el ministro del Interior se comprometiese ante los gobernadores provinciales a gestionar la coparticipación del 30% del Impuesto País a cambio de que respaldaran la llamada ley ómnibus cuya sanción, finalmente, quedó empantanada en la Cámara de Diputados.
Desde el Gobierno, se había dejado trascender también que quedaría sin efecto la proyectada eliminación de los aportes y contribuciones obligatorias de los trabajadores a los sindicatos emanados de convenios colectivos. Sin embargo, el proyecto de reforma laboral presentado ayer por los bloques de diputados y senadores de la Unión Cívica Radical -y que el Gobierno se comprometió en un principio a apoyar- insiste en impulsar ese punto que rechaza el grueso del sindicalismo.
Este asunto podría quedar zanjado, según cree Francos, incluyendo en la “ley de bases” las partes menos conflictivas para el sindicalismo de la reforma laboral propuesta por la UCR; especialmente aquellas que puedan aventar mayores riesgos para los empleadores. Por ejemplo, se podría buscar reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido, así como también establecer mecanismos sustitutivos de la indemnización por despido a través de la posibilidad de instrumentar el fondo de cese laboral a cargo del empleador y la opción a un sistema de capitalización o seguro de desempleo. En cambio, se dejaría de lado la eliminación de las cuotas sindicales a cargo de los trabajadores, que tanta resistencia genera en los caciques sindicales.
Mientras funcionarios de Milei y dirigentes de la CGT se cruzaban mensajes en una suerte de guerra fría con un final abierto que no descarta un armisticio, unas nueve millones de personas fueron ayer rehenes del paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el que además de los consabidos trastornos, se registraron hechos de vandalismo, como ataques a los colectivos de quienes optaron por no cumplir con la medida de fuerza adoptada en demanda de una recomposición salarial.
Más que afectar al Gobierno, el paro en el transporte castigó a quienes -trabajadores, en su inmensa mayoría- no pudieron llegar a sus trabajos o debieron incurrir en cuantiosos gastos para trasladarse a sus destinos.
La creciente conflictividad sindical, que se suma a las protestas de organizaciones sociales, amenaza con alcanzar niveles récord en el poco tiempo que lleva Milei en la presidencia de la Nación. La serie de medidas de fuerza de relevancia se inició el 24 de enero -apenas a 45 días de asumir el actual gobierno nacional- con el primer paro general de la CGT. Continuó el 21 de febrero con un paro de trenes y siguió el 28 de marzo con un paro de pilotos, el 4 de abril con un paro nacional docente y el 5 de abril con un paro de estatales. En las últimas 48 horas se registró otro paro de docentes de la Universidad de Buenos Aires, que se sumó al de la UTA de ayer.
Curiosamente, muchos de los gremios que hoy han pasado a una posición beligerante, como los de docentes y camioneros, permanecieron en silencio durante los últimos cuatro años, coincidentes con la gestión presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pese a la caída experimentada por el poder adquisitivo de los salarios.
La prolongada siesta sindical en complicidad con la gestión kirchnerista de quienes nada han hecho durante años para denunciar el crecimiento del déficit fiscal, la fuerte inflación y el hundimiento en la pobreza de casi la mitad de la población del país, parecería haber llegado a su fin con la llegada al gobierno de Milei, aunque no pocos dirigentes gremiales observan con inquietud los números de las encuestas que aún muestran elevados niveles de apoyo al Presidente.