lunes, 25 noviembre, 2024
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El Gobierno apura las negociaciones antes de que la nueva ley Bases pase al Congreso: los puntos en conflicto

La Libertad Avanza prevé que entre el 15 y el 20 de abril se pueda obtener el dictamen del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Una semana después, el 24, llegaría al recinto.

Fernando  Fraquelli

El jefe de la bancada de LLA aseguró que pueden hacerse cambios en el tratamiento de la Ley Ómnibus:

El jefe de la bancada de LLA, Oscar Zago. (Foto: Télam).

El Gobierno cerró esta semana corta con reuniones en el más alto nivel entre el Ejecutivo y los gobernadores provinciales. El ministro de Interior, Guillermo Francos, viajó a la provincia de Salta, se encontró con los mandatarios del NOA que le marcaron una vez más diferencias con los proyectos y las necesidades financieras de cada provincia. El titular de la cartera política buscó acuerdos que incluyan producción y desregulación de las actividades de hidrocarburos y mineras, como así también obras públicas como el Gasoducto Norte a cambio de apoyos al proyecto gubernamental. El jueves 4 habrá un encuentro ampliado con mandatarios en la Casa Rosada.

Francos y el asesor presidencial Santiago Caputo mantienen reuniones permanentes con los bloques dialoguistas del Congreso, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal. “Tengan estrategia parlamentaria “, les pidió la diputada Margarita Stolbizer (HCF) en una de las reuniones con los funcionarios. “Estamos en un camino más razonable y si el debate se ordena el gobierno puede tener la primera ley”, aventuró el experimentado diputado Miguel Pichetto.

Cumbre de gobernadores del Norte con el ministro del Interior, Guillermo Francos (Foto: X @nortegrande_ar).

Cumbre de gobernadores del Norte con el ministro del Interior, Guillermo Francos (Foto: X @nortegrande_ar).

En la UCR, bloque que con su conformación de 34 diputados puede inclinar la balanza hacia la aprobación o el rechazo del proyecto, Soledad Carrizo explicó a TN que, “las reuniones con el Ejecutivo fueron importantes porque pudimos entablar un diálogo con la mirada que el gobierno intenta trabajar en el futuro e intercambiar opiniones sobre la nueva ley de Bases. Se analizó lo que fue el anterior tratamiento. También vimos a un ministro (Guillermo Francos) mucho más abierto en el ida y vuelta que es importante tener para llegar al objetivo, que es la herramienta que el gobierno necesita para poder transitar su primer año. Esperaremos el mes próximo, es importante que se pueda dar un acuerdo con los gobernadores. Será el respaldo a la sostenibilidad de esos acuerdos cuando lleguen al Congreso. Por eso estaremos expectantes a la reunión del 4 de abril”. El radicalismo tiene sus divisiones. Los diputados Facundo Manes, Fernando Carbajal, Pablo Juliano y Marcela Coli presentan diferencias con los proyectos del oficialismo.

En Unión por la Patria, el diputado Juan Manuel Pedrini le dijo a TN que “la ley de Bases tiene tantas reformas que no se sabe bien de que se está hablando. Es una ley que no se trabaja, que no se construye en el Parlamento, es una ley extramuros. Consensuada entre el Ejecutivo y los presidentes de partidos aliados y fundamentalmente con gobernadores. Cuando llegue al Congreso y comience el trabajo en comisiones recién vamos a tener una aproximación al nuevo proyecto”. Mientras que Germán Martínez solicitó nuevamente el rechazo al DNU 70/2023, “no hay margen para especular, ni leyes espejo, ni ley Ómnibus, ni nada. Urge rechazarlo”, escribió en la red social X.

Tras los feriados, el Congreso entrará de lleno en la discusión de la nueva ley Ómnibus. En principio no se forzará tratar el DNU 70/2023 que ya rechazó el Senado, y acompañarán los entendimientos con los gobernadores sobre el paquete fiscal que incluirá una moratoria y la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que se lo bautizará impuesto a los ingresos. El gobierno no accederá a coparticipar otros impuestos como el impuesto País o el impuesto al Cheque. En el horizonte asoma el Pacto de Mayo que Javier Milei quiere firmar el 25 de ese mes en la provincia de Córdoba.

Puntos de acuerdos

Hasta el momento hay acuerdo en la declaración de emergencias y delegación de facultades, acotadas y reducidas a cuatro. En materia administrativa, económica, financiera y energética. En el proyecto original se solicitaban once por un período de tiempo de dos años con prórroga de dos más. Ahora solo será por este 2024 y si autoriza el Congreso se extenderá uno más.

Se eliminaron los capítulos sobre cambios en el área de Cultura, cambios a la Ley de Pesca, cambios en el Código Civil y en el Código Penal de la Nación. Eliminación del capítulo de retenciones agropecuarias y a la industria que establecía un 15% la alícuota del derecho de exportación para toda mercadería. En el capítulo energético se siguen discutiendo las modificaciones a la ley de Hidrocarburos, mientras que lo referido a la ley de Biocombustibles se quitó del debate. Lo que fue en el proyecto original, el capítulo fiscal, donde se incluyeron modificaciones en el impuesto a las ganancias, bienes personales y moratoria fiscal, se discute con los gobernadores. El acuerdo al que arriben será ratificado por los diputados.

Privatizaciones y fideicomisos, los temas conflictivos

Todavía no hay una postura unificada respecto al capítulo II sobre privatización de Empresas Públicas. El art. 7 declara sujeta a privatización total o parcialmente una serie de empresas entre las que se encuentran, entre otras, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. El Gobierno aceptó el seguimiento del Congreso a través de la comisión Bicameral de las Privatizaciones, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación para transparentar el proceso de privatización. Sobre el artículo de fideicomisos, que generó fuerte controversia entre Milei y los gobernadores, se discute la facultad del PEN a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación.

La reforma laboral, dentro o fuera de la ley

Los dialoguistas le garantizarían quorum a Javier Milei para tratar una modernización en las políticas laborales. Acordada y debatida como proyecto de ley, no en un DNU.

La diferencia entre los bloques parlamentarios es que para el radical Rodrigo de Loredo y para Miguel Pichetto la reforma laboral debe abordarse en un proyecto separado de la ley de Bases. Para el PRO, incluirla en la nueva norma. Esa fue la propuesta que Cristian Ritondo, Silvia Lospennato y Silvana Giúdici le presentaron al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y a Francos en el último encuentro en Balcarce 50.

“Modernizar las leyes laborales es fundamental si queremos salir de la pobreza. El modelo del kirchnerismo está agotado. Un modelo de estado céntrico, hiperregulador, que demostró fracasar rotundamente en generar riqueza, trabajo y una mejor calidad de vida para los argentinos”, señaló Ritondo cuando presentó en la Cámara baja tres iniciativas que se vinculan al capítulo laboral del DNU 70/2023.

Las iniciativas legislativas buscan ampliar el período de prueba, incentivar la registración brindando beneficios en las cargas sociales, simplificar la burocracia para la registración de empleados y declarar servicios esenciales a las áreas clave para asegurar la prestación frente a huelgas y reclamos sindicales que interrumpen el normal funcionamiento de la vida en sociedad.

No solo el PRO trabaja en este tema, la UCR en el Senado presentó en las últimas horas un proyecto con la firma de Eduardo Vischi, presidente del bloque, junto a otros legisladores para crear un fondo de cese laboral, para aliviar las cargas que afrontan las Pymes frente a la litigiosidad y la conflictividad laboral.

La modificación de multas reduciéndolas y haciendo énfasis en la obligatoriedad del pago de los aportes a la seguridad social del trabajador, que actualmente no son exigidas por AFIP. La extensión del período de prueba a seis meses, equiparando nuestra legislación con la de Brasil, bajo una perspectiva de competitividad regional. “Se busca proteger a los trabajadores, al mismo tiempo se procura brindar herramientas a quienes emprenden para que puedan invertir y contratar más”, argumentaron los senadores radicales

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