Luego de lo ocurrido con la Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei planea sacar sus reformas por decreto, avanzar con el ajuste del ministro de Economía, Luis Caputo y acordar con el PRO para tener más peso legislativo.
El equipo del autor del DNU 70/2023, Federico Sturzenegger, está trabajando en un paquete de desregulaciones para fomentar inversiones que saldrían por decreto y resoluciones administrativas antes de marzo, menciona según sus fuentes el medio TN.
Se espera lo mismo para las reformas de la Ley Ómnibus que no requieren de paso por el Congreso, como lo electoral ni fiscal. En la cúpula del Gobierno sostienen que pueden avanzar con su plan también descartando el pacto fiscal.
En este marco, el Ejecutivo le quitó a las provincias el Fondo Compensador del Interior, que se trataba de un subsidio al Transporte, y mantiene la prórroga del presupuesto 2023 más allá de la inflación, a la par de la reducción del 98% del envío de fondos discrecionales.
En Casa Rosada destacan que podría haber superávit fiscal con el ajuste que propone Caputo. Sin aumentar el gasto, los más optimistas sostienen que no está en los planes devaluar antes de marzo y que liberarían el cepo en junio. El oficialismo espera el ingreso de US$30.000 millones por la liquidación del sector agropecuario entre marzo y abril, la acumulación de reservas en US$14.000 millones e inflación de un dígito, para poder concretarlo.
Por otro lado, se aceleran las negociaciones de La Libertad Avanza con el PRO para armar un interbloque y lograr más peso legislativo. Hubo llamados entre Mauricio Macri y los asesores más cercanos a Milei. Entre ambos, suman 78 diputados, donde suena el macrista Cristian Ritondo para presidir el espacio, y 13 senadores.
Para superar la primera minoría de Unión por la Patria de 99 diputados en la Cámara Baja, el Gobierno apunta a reclutar a legisladores del radicalismo (34 d.) y de Hacemos Coalición Federal (23 d.) que apoyen las reformas.
Más allá de que avanzará en su plan económico sin una ley como la que acaba de caer, en Casa Rosada reconocen que deberán mandar paquetes separados y puntos clave como la reforma jubilatoria.