miércoles, 21 febrero, 2024
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Quién es Walter Bento y cuáles son las causas por las que podrían condenarlo a prisión perpetua

Walter Bento (61) ejerció como juez federal en Mendoza durante 18 años. Encabezaba el Juzgado Federal 1, con competencias Penal y Electoral. Este miércoles al mediodía fue destituido por mal desempeño de sus funciones, por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Una hora más tarde, quedó detenido por las graves acusaciones en diez causas penales.

El exjuez mendocino estaba en el edificio de tribunales cuando escuchó el fallo por el que perdió la inmunidad que le deban los fueros como magistrado. Había decidido presentarse a la requisitoria de la Justicia, pero quería evitar ser detenido por tener un hijo discapacitado que depende de su presencia.

Sin resistencia y después de cumplir los trámites de identificación y notificación en la Policía Federal, fue trasladado con esposas y un chaleco antibalas de regreso a la Unidad Penitenciaria Federal 32, el subsuelo del mismo edificio de calle España y Pedro Molina de la ciudad de Mendoza, donde había ostentado su poder de juez.

El tribunal que lo juzga en Mendoza pidió con urgencia que se determine el lugar definitivo de detención, que sería la cárcel de Cacheuta, en Luján de Cuyo.

Asociación ilícita, coimas, enriquecimiento y lavado

Bento no fue detenido por la destitución del Jury, sino por el juicio penal en Mendoza, donde se lo juzga por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, prevaricato y falsedad ideológica.

La mega causa penal tiene 31 imputados, entre los que están la esposa de Bento, Marta Boiza, que era la ex secretaria de su juzgado y dos de sus hijos, que también tenían cargos en la Justicia Federal.

En la acusación del Fiscal General de Mendoza, Dante Vega, con la colaboración del Ministerio Público Fiscal de la Nación, aparecen seis personas imputadas por delitos de contrabando, narcotráfico y documentación apócrifa que negociaron su libertad con la presunta banda criminal integrada por un ex aduanero que fue asesinado (el empresario Diego Aliaga); un grupo de abogados que tramitaban las causas, un jefe policial y Bento como jefe de la organización.

“Los montos que se pagaron iban de 50 mil a 200 mil dólares por cada causa”, dijo a Clarín uno de los investigadores.

El juez de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, avaló el pedido del fiscal general Dante Vega de acusar formalmente a Bento como “jefe de una banda de abogados y presos que cobraba coimas a cambio de favores judiciales a procesados en casos de contrabando y narcotráfico”.

Son causas ocurridas a partir de 2010. Los abogados Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo fueron imputados por asociación ilícita y cohecho activo, delitos que tienen una pena máxima de 15 años. Según el expediente, eran los encargados de presentar escritos judiciales que permitían “preparar el terreno para que el juez cumpla con su parte en el acuerdo ilícito”.

La Fiscalía sostiene que los abogados se reunían con Aliaga o hablaban en forma permanente con este lobbista, “quien les daba instrucciones bajo la dirección del juez”, al que califican en la investigación como “el jefe de la banda y el número 1” de la organización delictiva.

Una de las pruebas que más compromete al juez es la relación con Aliaga. Según la acusación, hubo 265 llamadas, en un lapso de ocho meses, entre el ex despachante y un teléfono que estaba agendado con el nombre de “Primo”. Al constatar la Fiscalía general quién era el propietario de ese número, descubren que era el teléfono oficial de Bento.

La acusación argumenta que el objetivo principal de la banda delictiva era “lograr a través del pago de un soborno la libertad espuria de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal 1 de Mendoza o su desvinculación del proceso”.

Y asegura que el mecanismo partía de un mismo esquema: “En una primera etapa se concretaba el soborno (comúnmente expresado en el pago de sumas de dinero en dólares) para que el beneficiario recuperara su libertad”. Como segundo paso, esta libertad iba seguida por “la impunidad de hecho del sobornador, quien podía terminar sobreseído o, en la mayoría de los casos beneficiado por el juez con una falta de mérito o una calificación legal de menor grado”.

Luego, dice la Fiscalía, esta baja de la imputación “servía de excusa para aparentar la legalidad de esa libertad otorgada”.

Enriquecimiento

Viajes en limusina, recitales en las Vegas de artistas internacionales, estadías en resorts del Caribe, eran parte de la rutina del juez que llevaba una vida de lujos y viajes al exterior en los 10 últimos años en los que ocurrieron las causas por las que ahora es acusado.

Según la denuncia del fiscal Vega, los delitos de carácter económico están centrados en el análisis del patrimonio familiar a partir de 2010, cuando comenzó a evolucionar de manera ostensible, con un incremento de operaciones vinculadas a la compra de inmuebles, automotores, participaciones en fideicomisos inmobiliarios y realización de más de 200 viajes a distintas ciudades de Estados Unidos en una década.

Al juez se lo acusa de delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo, ya que el patrimonio de los procesados y de su grupo familiar, no es compatible con el que legítimamente podrían disponer.

Quién es Bento

Llegó 20 años atrás, desde Buenos Aires a Mendoza, junto a su esposa y sus tres hijos, gracias al contacto con el entonces juez federal Alfredo Manuel Rodríguez, quien le dio el puesto de titular de una Secretaría Penal en el juzgado federal 3.

En 2005, Bento concursó el puesto vacante en el Juzgado 1, del destituido juez Luis Leiva (causa del Banco Mendoza). Quedó en la terna y fue nombrado en el puesto de juez federal con competencia electoral por el gobierno de Néstor Kirchner. Y durante varios años estuvo a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción Federal de Mendoza, como subrogante.

Varias veces en los pasillos de tribunales se ha mencionado que sus lazos con el Gobierno fue a través del fallecido operador del kirchnerismo Juan Carlos “Chueco” Mazzón. Entre los jueces Federales con los que tiene mayor afinidad está María Servini, con la que comparte la pasión por coleccionar búhos.

El momento de mayor notoriedad de Bento fue en diciembre de 2011, cuando ordenó desde Mendoza la intervención de la empresa Cablevisión, en Buenos Aires, y un inusual operativo con la Gendarmería para que el designado coadministrador asumiera su gestión.

Los abogados de la compañía denunciaron ante el Consejo de la Magistratura “irregularidades” detectadas en la causa que inició el grupo Vila-Manzano y que a su criterio merecían «el apartamiento” del juez por “mal desempeño” debido a su “absoluto desconocimiento del derecho”.

Por este caso y otros fue denunciado en el Consejo de la Magistratura pero lo salvó el kirchnerismo, que impuso su mayoría y fueron desestimadas las cuatro denuncias y pedidos de remoción.

Una década después, el crimen del ex despachante de Aduana e informante policial Diego Aliaga abrió una investigación en la que aparecieron pruebas y testimonios que ubicaban a Bento como líder de una banda que pedía coimas a cambio de beneficios procesales a contrabandistas y narcotraficantes.

Esa investigación derivó en el juicio oral que realiza el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, donde hay cinco pedidos de prisión preventiva para el juez, con procesamientos firmes por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento. Y por el que este miércoles quedó preso.

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