jueves, 30 mayo, 2024
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Causa Chocolate Rigau: el juez Atencio, ante la posibilidad de tender un puente para que los imputados se conviertan en arrepentidos

El juez de Garantías de La Plata Guillermo Atencio se enfrenta a un dilema jurídico luego de haber rechazado este martes la eximición de prisión del concejal del Frente de Todos Facundo Albini, su padre y los 48 “ñoquis” a cuyo nombre estaban las tarjetas de débito que usaba el puntero del PJ Julio “Chocolate” Julio.

La fiscal Betina Lacki le pidió la prisión preventiva de Albini, esos 48 “dueños” de las tarjetas y del padre del concejal, Claudio Albini, ex jefe del área de Personal de la cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Ahora el juez Atencio tiene que resolver si acepta o rechaza el pedido de la fiscal quien tendría como estrategia judicial que los 48 acepten un “puente de plata”, acogerse a la ley del imputado-colaborador número 27.308 (conocida como del “arrepentido”) a cambio de no ir presos en esta etapa del proceso entre otros beneficios procesales.

Atencio duda porque la ley nacional no ha sido usada en la provincia, aunque el fiscal federal Carlos Stornelli lo hizo en la causa de los Cuadernos de las Coimas mediante un acta, informaron fuentes judiciales a Clarín. El juez de Garantías considera que la jurisdicción provincial no ha incorporado, todavía, esa ley 27.308, a su jurisprudencia, según las fuentes.

En cambio, el presidente de la ONG Poder Ciudadano y querellante en esta causa, Hugo Wortman Jofre, dijo a Clarín que “celebro la estrategia de la fiscal porque busca romper el pacto de silencio que impide saber quiénes son los jefes de “Chocolate” Rigau y también del concejal Facundo Albini” .

Para Wortman Jofre, el juez Atencio sino quiere basarse en la ley 27.308 puede darle a esos 48 imputados el carácter de “arrepentidos” basándose “en el artículo 41, inciso H, del Código Penal”, sin discutir si la ley del arrepentido está reglamentada o no en cuanto a su aplicación procesal.

El artículo 41 dice que “las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito de los detallados a continuación en este artículo, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles”. El proceso sobre el cual “se aporten datos o información deberá estar vinculado con alguno de los siguientes delitos” como los nombrados en el inciso H, donde se encuentra los delitos que se le imputan a los acusados de esta causa, agrega.

En todo caso, si el juez no intenta estos caminos legales será difícil descubrir a los “cerebros” de esta maniobra estimada en un total de 800 millones de pesos.

Se trata de un tema políticamente muy sensible porque el actual presidente de la cámara baja bonaerense es Federico Otermín, el delfín del ex jefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde e intendente electo de Lomas de Zamora.

Un asesor del bloque de diputados kirchneristas, Emiliano Ayerdi Funes, dio otras pistas a Telenoche. Declaró que lo vio a Rigau «dándole fajos grandes de plata a Albini, pero no sabía de dónde salía tanto dinero. Todo en efectivo, como lo mueven ellos». Ayerdi aún no fue localizado para que confirme sus dichos ante la Justicia.

En el fondo, los “dueños” de las tarjetas de débito sólo conocerían la relación que los unía con Rigau. Para ir más arriba debería arrepentirse los Albini, quienes si con una eventual confesión podría dar datos a la Justicia para ir más arriba en la organización que durante tantos años defraudó en millones de pesos a la provincia.

Pese a que Albini hijo es concejal en La Plata no tiene fueros como los diputados nacionales para evitar una prisión preventiva, aclaró una fuente de tribunales. La misma fuente consideró que “es difícil que los Albini rompan el código de esta eventual omertá porque sus jefes son verdaderos pesos pesados de la política bonaerense”.

Ante estas y otras pistas Atencio en la resolución en que rechazó la eximición de prisión contó que a Claudio Gustavo Albini se le imputa «prima facie» la presunta comisión del delito de asociación ilícita -en su carácter de jefe de la organización- y fraude en perjuicio de la administración pública. Y a su hijo, el concejal massista, como miembro de la banda. El primero de esos delitos tiene una pena mínima de 3 años y una máxima de 10 años por eso correspondería la prisión preventiva, según la fiscal.

Al rechazar la eximición de prisión, el juez Atencio ya dijo que se les podría dictar la preventiva porque “la extensión del daño causado y las características de la conducta aquí investigada, resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”. Palabras que adelantan una posición dura de parte del magistrado.

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