miércoles, 28 febrero, 2024
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El gobernador de Entre Ríos suspendió a uno de sus funcionarios que espiaron a Antonio Stiuso y a la jueza Arroyo Salgado

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, suspendió a su director de informática, procesado en esa causa, mientras el ex espía Antonio Stiuso afirmó en un escrito ante la cámara federal que los imputados trabajan como “inorgánicos” de la AFI cuando la manejó Oscar Parrilli en el 2015.

Se trata de Alexis Lesa que es el director de Informática del gobierno kirchnerista de Entre Ríos, informó la revista Análisis. En cambio, nada se sabe de la situación política de Pablo Palá, que es el director de Informática del Tribunal de Cuentas de la provincia, el otro procesado.

Además, Lesa y Palá forman parte del grupo llamado «Octógono» que apoyan al ex gobernador de esa provincia y militante de Cristina Kirchner, Sergio Urribarri.

La Cámara Federal porteña confirmó, la semana pasada, los procesamientos de Lesa y Palá por supuesto espionaje ilegal sobre Stiuso y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y ordenó pasar este expediente al fiscal Eduardo Taiano quien investiga el crimen del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman.

Lesa afirmó, en su indagatoria, que vendió una “computadora virtual” a un tal “Francesco Castellana” de la empresa Expressvpn, mientras que el IP (un número único para cada dispositivo digital) era de Palá.

Las consultadas a la base de datos de Migraciones en el 2015, sin orden judicial, sobre los movimientos de Stiuso y Arroyo Salgado fueron hechas con el usuario “WMlopez” de la dirección de Contrainteligencia de la AFI cuando la dirigía el actual diputado Rodolfo Tailhade.

Pero primero el juez federal Julián Ercolini y luego la Cámara Federal, integrada por Eduardo Farah y Martín Irurzun, no le creyeron.

Además, el virus que se envió a Nisman, días después de que en enero de 2015, presentó la denuncia por encubrimiento de iraníes a través del Pacto con Irán habría salido “desde esa misma IP”, afirmó una fuente judicial.

Clarín consultó a la empresa con ExpressVPN con sede en Londres y se excusaron de decir si “Francesco Castella” es empleado de ellos por cuestiones de privacidad.

Una VPN, informa la firma en su página en WEB, “es un túnel seguro entre su dispositivo e internet. Las VPN le protegen contra entrometidos, interferencias y censura online”. En fuentes judiciales, llamó la atención que un supuesto empleado de esa empresa británica contratara a una empresa de Paraná.

En su escrito, Stiuso -echado por Cristina Kirchner de la AFI en noviembre de 2014- afirmó que “el ex agente de la Dirección de Contrainteligencia de la AFI que usaban el usuario para entrar en la base de datos de la dirección de Migraciones, en el momento de los hechos estaba de vacaciones. pero en Gualeguay, Entre Ríos”.

“El interés de “buscarme”, tal como ya expuse en esta y otras causas, había sido largamente exhibido, tanto en forma privada como pública, por el entonces Director de la AFI, Oscar Parrilli”, resaltó.

Stiuso recordó que “Juan Carlos Legascue, ex juez federal de Misiones y miembro de la justicia federal de Paraná (Entre Ríos) fue activo empleado de la SI (luego AFI), quien fuera acusado de participar en la maniobra por la cual se le pagaron U$ 400.000 a Carlos Tellendin”, el ex reducidor de autos que estuvo acusado de entregar la Trafic que se usó como coche bomba en el atentado contra la AMIA.

Lesa y Palá, tienen dos abogados. Uno es Santiago Bupo y otro es Luciano Jorge Legascue, sobrino de aquel ex juez federal de Paraná.

“Estas labores de inteligencia ilegal, fueron ejecutadas, con una clave que poseía la AFI, desde un lugar llamativamente lejano (si tenemos en cuenta que esa clave la usaba personal de la dirección de contrainteligencia, que tiene su base en CABA). Probablemente para no dejar rastros de esa persecución de la cual estaba siendo víctima”, agregó Stiuso.

Las búsquedas en la base de datos de Migraciones respecto de Stiuso “comenzaron el 18 de enero de 2015 a las 16:14:10 hs y 16:14:17 hs, es decir cuando “aún no se sabía” lo que había ocurrido en el interior del departamento de Nisman en Puerto Madero”

La madre del Fiscal Nisman ingresó al departamento de las torres Le Parc en Puerto Madero, a las 22.30 horas y luego se sabía que el ex fiscal de la AMIA estaba muerto con un balazo en la cabeza.

Pero desde la “computadora virtual” creada por Lesa con el teléfono de Palá no solo analizaron los movimientos de Stiuso y Arroyo Salgado, sino “también los de Horacio Germán García”, el ex anterior director de Contrainteligencia a Tailhade y hombre de confianza del denunciante.

“Este “grupo de inteligencia” se activó el domingo 18 de enero del 2015 con su primera búsqueda de mi persona en Migraciones, en horas de la tarde, y cerró su actividad al final del mes (más precisamente el 30 de enero del 2015 a las 13:04 hs)”, subrayó Stiuso en su presentación.

Pero “casi como una película de espionaje, las búsquedas sobre mi persona también abarcaban a otros organismos del Estado además de la AFI, Migraciones y la Aduana “como ser la Unidad de Información Financiera (UIF), que comienzan su tarea a finales de ese mes de enero, casi como dándole un organismo la posta a otro organismo”.

La UIF K generó un reporte de operación sospechosa (ROS) sobre Stiuso “sorprendida de la cantidad de teléfonos que usaba la SI y que estaban a mi nombre. Y la sorpresa de la UIF era porque en Movicom/Movistar decían que yo era peluquero”.

Y a partir de “ese falso ROS, se dio forma a una causa penal, para así poder poner “los dedos por derecha”, es decir poder estar validados para hacer todas las búsquedas que se quisieran sobre mi persona y sobre mi familia”.

Los imputados “seguro por protección, no dicen quienes les encargaron esas tareas, pero para mí está claro que Lesa y Palá cumplían órdenes de las más altas autoridades de la SI”, en alusión a Parrilli y su número dos y actual viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.

Palá y Lesa es apenas la “punta del iceberg”. No solo la Dra. Arroyo Salgado y yo fuimos víctimas de espionaje ilegal. Muchas otras personas también padecieron de lo mismo”, en alusión a los más de 100 jueces, políticos y periodistas incluidos en órdenes de observación (que implican seguimientos y pinchaduras” por parte de la AFI K.

Luego Stiuso destacó que “quienes aparecen como titulares de los domicilios donde se operó la IP (un número único para identificar cada computadora) para acceder a la base de datos, serían personas allegadas a servicios de análisis de información en redes, como también personas que podrían estar relacionadas con servicios de inteligencia. El círculo cierra perfecto”.

Por su parte, Luciano Legasque dijo al diario digital Elentrerios.com que “a una empresa de renombre internacional Express VPN fue quien le solicitó al señor Palá el servicio de un servidor determinado de ciertas características”.

“Ese servidor en el cual Palá intervino en calidad de intermediario fue el que se habría utilizado para hacer esos supuestos ingresos a la base de datos de Migraciones, así es como surge el nombre de Palá en la investigación”, agregó en la defensa de su cliente.

Y aseguró: “Por esta calidad que tiene de intermediario es que no es el propietario de ese servicio, el propietario es Iplan, que mantiene la propiedad de ese servidor; y Palá, que es muy importante, no tiene ningún tipo de acceso ni control al uso que el consumidor final posteriormente haga con ese servicio que le contrató”.

“Lo único que hace Palá en esta faceta de su actividad privada es facturar en calidad de revendedor. Esta figura de intermediario es muy usual en este intercambio de servicios, por lo que ha llamado tanto la atención de tratar de someterlo a un proceso penal”, subrayó el letrado.

En ese sentido, respecto de esta figura de intermediario, el abogado precisó: “Justamente esta dinámica es hasta incluso aceptada por la Justicia, porque en otras causas, incluso radicadas en Comodoro Py y en la justicia de CABA, ha surgido este inconveniente de que surgen direcciones de IP con una utilización delictiva o presuntamente delictiva, pero en esos casos lo que han hecho es contactarse con Palá para que él solamente informe sobre su cliente, pero nunca la Justicia osó en pretender adjudicarle el uso de ese IP”.

Ante la consulta de cómo llega Lesa a la investigación, Legascue reseñó: “En la registración de ese intercambio de la dirección de IP, Palá consignó un número de teléfono alternativo de contacto, que es titularidad de Lesa. Así es como llega él a la investigación, mucho más brusca su convocatoria considerando que se lo llama para imputársele un delito simplemente por ser el titular de una línea de teléfono”, afirmó.

El abogado finalizó diciendo que“la realidad es que ellos son amigos desde hace muchos años, se dedican cada uno por separado al ofrecimiento de servicios informáticos y tienen una larga trayectoria local, incluso provincial, siempre se abocaron a eso”.

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