Una entrevista del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, al diario El País de España, bastó para generar una ola de interpretaciones sobre la posibilidad de cumplir -desde una perspectiva constitucional- la propuesta basal del libertario Javier Milei: dolarizar la economía argentina. «¿Cuál es la moneda de un país? La que emite, puede ser peso, patacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina, es inconstitucional», advirtió el supremo.
Dos abogados constitucionalistas de San Juan analizaron las declaraciones de Rosatti. «Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional», ahondó en las declaraciones al diario extranjero. El titular del máximo tribunal aclaró que «puede haber mil implementaciones de economistas sobre el tema», pero que «la letra de la Constitución» es la que marca que «hay que tener una moneda que se emita en la Argentina».
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Gerardo Tripolone en Paren las Rotativas.
El letrado Gerardo Tripolone -en el programa Paren las Rotativas- dijo: «Hay que aclarar. No todo lo que no nos gusta o es políticamente ineficiente es inconstitucional. La Constitución soporta muchas ideas políticas, pero no todas». Acto seguido, explicó que «no es la primera vez que un político propone la dolarización. Rossati se basa en su argumento en una potestad del Congreso: la de acuñar moneda. Si eso es potestad del Congreso, no puede delegarse. Si se dolariza, si el peso deja de ser la moneda de curso legal, entonces, el Congreso no llevaría la potestad».
También señaló que «no encontré un jurista que apoye a Milei. Pero sí hay algunos que, con buena fe, entienden que el artículo dice «corresponde al Congreso» y enumera las facultades. Pero es muy difícil de sostener». Ejemplificó: «El Congreso de la Nación tiene la potestad de legislar para proveer la seguridad en las fronteras. Entonces, si es una potestad del Congreso, puede no proveer la seguridad en las fronteras. Y estamos seguro que nadie puede decir que el Congreso puede abrogar la legislación y que propende a la seguridad de las fronteras. Es un argumento indefendible porque esas potestades son propias de lo que constituye un Estado».
El constitucionalista Oscar Cuadros, prestigioso en la materia, habló con este diario. Hizo una interpretación política y jurídica de la entrevista de Rosatti. «Creo que la opinión no es coyuntural ni sobre el resultado de las elecciones. Es la opinión de un jurista», marcó. Pero resaltó que esa opinión «está enmarcada en un caso que presenta muchas aristas» y que «puede estar matizada dentro del contexto que se plantea». Y que aparentemente no es una opinión «compartida por el resto de los ministros, que no se han expresado».
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Oscar Cuadros frente al Tribunal Electoral Provincial.
Cuadros coincidió con Tripolone en un aspecto. Son declaraciones «de acuerdo a las facultades del Congreso». Consideró que es una «opinión fundada y sustentable» y que también Ricardo Lorenzetti tiene expresiones al respecto pues «publicó una obra sobre la moneda en la Argentina». Además, el letrado -que supo ser apoderado del lema Unidos por San Juan- manifestó que «decirlo a un medio extranjero importa una definición sobre una postura personal», aunque con repercusiones políticas obvias.
Cada letrado expuso un caso donde sucedieron movidas similares a la dolarización. Cada una con sus particularidades. Cuadros apuntó sobre la dolarización y el Plan Bonex de Carlos Menem. Se sostuvo a través «de decretos en una situación compleja». En ese momento, «se desreguló la economía por decreto». En tanto, Tripolone dijo que ya se hizo, no con la dolarización, sino con el cambio de moneda en curso legal. Sucedió en 1985 durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
En un ejercicio reflexivo, Tripolone dijo que «el problema de las cuestiones constitucionales y políticas» reside en que «legitimamos mucho el ejercicio del poder cuando nos conviene». «Si dolariza, se produciría un conflicto de Poderes. Se solucionan con quien más poder tenga en ese momento. Ante un fallo, el Poder Ejecutivo está obligado a acatar. Pero qué pasa si no sucede. Depende de quién tenga mayor manejo del poder. El Ejecutivo tiene mucho poder», consideró. Por su parte, Cuadros contó que Rosatti «reiteró opiniones ya vertidas anteriormente» y que expresan «un límite a los cambios propuestos». «Hay límites constitucionales, no todo vale», sentenció.