martes, 16 julio, 2024
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El 25 de septiembre arranca el jury al juez Walter Bento que podría ser destituido y terminar preso

El jury del Consejo de la Magistratura de la Nación contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, acusado de liderar supuestamente una banda que pedía coimas a cambio de beneficios procesales a contrabandistas y narcotraficantes, comenzará el 25 de septiembre y la sentencia tendrá que estar emitida antes del 27 de noviembre.

La fecha de la primera audiencia de debate es clave porque luego de escuchar a los testigos y los alegatos de las partes, el Jurado de Enjuiciamiento debe emitir una sentencia antes del 27 de Noviembre.

Si el jurado llegara a encontrar culpable a Bento se lo destituirá, le retirarán los fueros y deberán ser detenido para cumplir prisión preventiva por el juicio oral penal que en julio comenzó contra el magistrado en Mendoza, que se realiza en paralelo. Hasta ahora el juez goza de fueros que impiden su detención.

El jurado de enjuiciamiento quedó constituido por los jueces Javier De la Fuente, Javier María Leal de Ibarra; los senadores Daniel Pablo Bensusán (Frente de Todos-La Pampa), José María Torello (Juntos por el Cambio-Buenos Aires); Anahí Costa (Frente de Todos-Catamarca), Ana Romero (Juntos por el Cambio-Chubut) y el abogado de la matrícula Alfredo Barrau.

En los acusadores designados son la diputada Roxana Reyes (Juntos por el Cambio-Santa Cruz), el Eduardo Vischi (Juntos por el Cambio-Corrientes) y Miguel Piedecasas (representante de los abogados).

En tanto, la defensa estará a cargo de los abogados Gustavo Gazali y Mariano Fragueiro Frías.

Como primera pedida el Jurado de Enjuiciamiento llamó a la primera audiencia de debate para el 25 de septiembre cuando se leerá la acusación y la defensa y posiblemente haga uso de la palabra el juez Bento.

Luego a los testigos Juan Domnicz, Raúl Cavecedo, Cristián Bejer, Viviana Megazzini, Marina Alvarez y Carolina Calello fueron citados para el 27. Más tarde para el jueves 29 a los testigos Alfredo Rodríguez, Raúl Sanchez, Gabriela del Campo, Mariela Andía y Florencia Elías. Y para el día siguiente a Martín Pereyra, Segundo Correas, Mauro Manno y Francisco Villegas Ciacera.

En mayo pasado, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad la suspensión de Bento para enjuiciarlo por supuesto mal desempeño de sus funciones. El único voto con disidencia fue del juez K Alberto Lugones.

Ese consenso supuso un giro en la posición del kirchnerismo que, por lo menos, en cuatro oportunidades retrasó el proceso.

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza comenzó en julio el proceso oral y público contra Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que requería dinero a cambio de favores en las causas que instruía. El fiscal general Dante Vega dijo que quedó demostrado durante el proceso de instrucción «el nexo delictivo del jefe de la banda con el resto de los integrantes».

Bento está imputado en Mendoza junto a otra treintena de personas por los delitos de «cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio».

Respecto de los dichos de la defensa del juez imputado sobre que no está comprobada la relación con Diego Aliaga -quien fue asesinado-, el fiscal afirmó: «Demostramos nueve cursos probatorios, hay que agregar otro más, que va ser ventilado en su momento en que demuestran la vinculación delictiva entre Bento y Aliaga».

En cambio, Fragueiro Frías negó la acusación del fiscal y adelantó que Bento responderá preguntas. «Hay muchísimos testigos de oídos, que son muy relativos y que no son directos. Es decir, acá no hay ninguno que diga que le dio la plata a Bento«, sostuvo el abogado defensor.

En el proceso serán juzgadas, además, otras 32 personas, entre las que se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusadas también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, según consignaron fuentes de la Procuración General de la Nación.

El Tribunal está compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra, y también fue designada como cuarta magistrada Carolina Prado en carácter de suplente.

Para el fiscal, la instrucción demostró «la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento».

En ese sentido, la acusación del Ministerio Público Fiscal indicó que esta asociación ilícita, liderada  supuestamente por Bento, tenía como supuestos organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba.

Además figuraban como supuestos miembros de la banda, los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.

En su requerimiento acusatorio, la Fiscalía señaló que, de acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador.

La extorsión consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles-como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio procesal ilícito.

Se determinó además que la impunidad del hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o, como se ha establecido en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal.

Esta investigación se inició a raíz de los datos surgidos de otra pesquisa que desarrollaba la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, en la que un imputado por narcotráfico intercambiaba mensajes con su abogado que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener la libertad en causas que tramitaban en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Bento.

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