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Precios congelados: más controles mientras Feletti busca apoyo en las provincias

Desde el fin de semana, de la mano de militantes y de asociaciones de consumidores, los municipios pusieron en marcha un plan de monitoreo de precios en supermercados, mayoristas y autoservicios. Algunas provincias también se sumaron.

El Gobierno intensifica los controles para verificar el cumplimiento del congelamiento de precios, con el objetivo de frenar la inflación. Mientras el secretario de Comercio, Roberto Feletti, busca el apoyo de provincias, municipios y asociaciones de consumidores, esta semana tiene previsto reunirse con varios fabricantes de consumo masivo (Arcor, Mastellone, Unilever, Quilmes, Molinos y P&G) y también con los mayoristas para garantizar el abastecimiento.

En paralelo, se multiplican las inspecciones en los grandes supermercados, principalmente en el área metropolitana, que comenzaron el viernes pasado y continuaron durante el fin de semana. Ayer al mediodía y con inocultable fastidio y malestar, una de las cadenas contabilizaba 14 operativos dentro de sus locales, con monitoreos de productos en las góndolas. Por la tarde, “las inspecciones seguían”.

Fuentes del sector manifestaron que los procedimientos se concentraron principalmente en los distritos afines al Gobierno y que eran encabezados por funcionarios de la Defensoría del Pueblo y municipales y de organizaciones sociales. “Por ahora revisan si los productos incluidos en el congelamiento está completa y si se respetan los precios fijados. Levantan un acta y se van”, señalaron a Clarín diversas fuentes del sector supermercadista.

Entre las empresa destacan que los relevamientos no son demasiados rigurosos. Dicen que en las inspecciones participan entre 3 y 30 personas, según la localidad y el tamaño del local y que duran aproximadamente una hora, en promedio. “Luego del relevamiento, dejan una copia en la tienda para adecuar las diferencias en los precios y para asegurar el nivel de abastecimiento”, según la lista de 1.432 artículos que elaboró la Secretaría de Comercio.

En declaraciones radiales durante los últimos días, Feletti insistió con la necesidad de consolidar una canasta básica alimentaria, cuyos precios deben retrotraerse al 1° de octubre y que se mantendrán hasta el 7 de enero del año próximo. Las empresas agrupadas en la Copal (la entidad que representa a 14.500 fabricantes de alimentos) señalaron la imposibilidad de cumplir con el congelamiento en un contexto de alta inflación y elevaron sus propuestas para hallar alguna solución.

Feletti prometió reunirse con algunas de ellas durante la semana para analizar las observaciones. Ya mantuvo encuentros con Arcor, Quilmes y Molinos. El resto tiene cita para los próximos días. Mientras, el funcionario (que sustituyó a la desplazada Paula Español) busca apoyos para reforzar los controles de precios principalmente en las grandes cadenas de supermercados. Su intención, según dijo, es evitar que la suba del costo de la canasta alimentaria deteriore aún más los ingresos de la gente.

Un objetivo difícil de conseguir ya que los supermercados concentran el 31% de las ventas de productos masivos. Según al consultora Nielsen, el resto se lo reparten entre los autoservicios (19%), almacenes (32%), quioscos (14%), perfumerías y farmacias (4%). En su mayoría, estos canales son abastecidos por los mayoristas. Sobre este particular, Feletti adelantó que los iba a convocar para expandir el congelamiento de precios a todos los negocios y comercios.

Las tiendas mayoristas también afrontan dificultades para cumplir con la resolución de precios máximos. “Cerca de 400 productos de los 1.432 de la lista, el canal no los trabaja habitualmente. Y del resto, hay 260 que tenemos problemas de márgenes graves y no los podemos reponer”, señalaron a este diario. De todos modos, hay mayoristas que también recibieron inspecciones.

SN

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