En el marco de una investigación judicial por un hackeo a la Policía Federal en 2019, se aprovechó la pesquisa para analizar las llamadas de un periodista de la revista NOTICAS. El caso se conoció en Twitter como #LaGorraLeaks2.0 y la Policía pidió que se analizaran las llamadas entrantes y salientes del teléfono por un periodo de dos meses a sabiendas de que la línea telefónica estaba registrada a nombre de Editorial Perfil y se estaba haciendo un trabajo que tenía como finalidad una nota periodística.
El hecho comienza con la filtración se conoció el 12 de agosto, el mismo día de las PASO de 2019 y allí desde la revista se intentó contactar al hacker que estaba difundiendo la filtración quien decía que compartiría la información por medio de Telegram. Tras ese contacto, el hacker agendó el teléfono de este periodista y lo guardó como “Peri”. Luego de unos meses de trabajo, la policía logró apoderarse de la cuenta de Telegram del hacker y se hicieron con una copia de los contactos que tenía agendado. Además se accedió a las conversaciones, donde queda de manifiesto que desde esta revista se estaba contactando al hacker para hacer nota sobre la filtración. Incluso, la nota fue hecha por otro periodista y no por el espiado.
El 5 de septiembre, el entonces subcomisario Carlos Alberto Aguirre, jefe a cargo de la División de Investigación de Delitos Tecnológicos le pidió al juez federal Luis Rodríguez que solicite a la empresa Movistar los registros de llamadas entradas y salientes del teléfono del periodista desde el 10 de julio de 2019 al 5 de septiembre de ese mismo año. Además se pidió la geolocalización y los mensajes de texto. Allí se analizaron todas las comunicaciones con fuentes periodísticas, funcionarios, amigos y familiares.
La causa todavía sigue abierta y en marzo de este año, casi dos años después de que se inició el expediente, se le pidió apoyo a la unidad fiscal especializada en delitos informáticos, quienes en su informe hicieron fuertes críticas a la investigación original. Por un lado criticaron la desidia de los primeros 14 días de abierto el expediente, tiempo en el que no se tomó ninguna medida y se perdió tiempo valioso. También, en referencia al tratamiento que tuvo la Policía Federal con el influencer informático Javier Smaldone, se cuestionó la metodología de la Policía Federal para llevar adelante la investigación. “Parecen ser propios de otras épocas”, escribió el fiscal Horacio Azzolín. Smaldone había difundido el caso a través de su cuenta de Twitter @mis2centavos y le allanaron la casa y le secuestraron equipos.
El caso sigue en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal es Ramiro Gonzalez, quien subroga la fiscalía Nº1 del fallecido Jorge Di Lello.
Con la colaboración de Ariel Stemphelet
