El fiscal federal de Mar del Plata pidió también que la causa D’Alessio pase a la justicia porteñaPolítica 

El fiscal federal de Mar del Plata pidió también que la causa D’Alessio pase a la justicia porteña

El fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, pidió a la Cámara federal de esta ciudad que la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio y todos sus anexos pasen a jurisdicción de la justicia federal de la Capital Federal por la “incompetencia territorial” del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, entre otros argumentos.

En un detallado escrito, Pettigiani solicitó a los camaristas Eduardo Jimenez y Eduardo Tazza que acepten el pedido del fiscal de Dolores Pablo Curi de pasar la causa a la justicia porteña porque casi todos los hechos que se investigan ocurrieron en la Capital Federal y no en Dolores. Para Pettigiani el juez Ramos Padilla, incluso, “intenta apropiarse” de otras causas que ya están abiertas en la capital. Ramos Padilla, miembro de “Justicia Legítima”, sumó supuestos hechos vinculados a las causas de los cuadernos de las coimas, la ruta del dinero K, la efedrina y la mafia de los contenedores a su causa, donde muchos de los acusados en Buenos Aires pasaron a ser querellantes en Dolores.

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Pettigiani invocó doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso de la propia cámara federal marplatense para que la causa en su totalidad, incluso la extorsión de D’Alessio al productor agropecuario Pedro Etchebest pasen a tramitarse en la justicia porteña. Para el fiscal federal marplatense el expediente completo debería enviarse a la cámara federal porteña y está decidir las actuaciones a qué causas se envían para seguir su investigación.

Además, sostuvo que por una cuestión de economía procesal también debería pasar a la Capital porque los imputados, testigos, allanamientos y pruebas tienen sede en esa ciudad. Curi había planteado la incompetencia de Ramos Padilla desde el 28 de febrero pero el magistrado demoró hasta último momento una definición y siguió sumando nuevos supuestos hechos a la causa. Curi, hasta ahora, solo hizo requerimiento de instrucción por la extorsión a Etchebest, no para el resto de los casos.

“Habiéndose profundizado la investigación y determinado su objeto procesal se ha demostrado que el juzgado federal de Dolores resulta incompetente”, sostuvo Pettigiani. Luego subrayó que “todos los actos que se investigan –en su mayoría- ocurrieron en una jurisdicción ajena al juzgado de Dolores”. Luego cita el artículo 37 del Código Procesal Penal sobre la competencia territorial y destaca que “en el fallo atacado resulta equivocado, atento que mediante fundamentos aparentes (Ramos Padilla) intenta apropiarse de la investigación de un sin número de hechos que a temor de los elementos probatorios, ha sido cometidos fuera de la jurisdicción” del juzgado de Dolores.

Incluso, Pettigiani dice que la extorsión a Etchebest debería pasar a la justicia porteña por la doctrina de la Corte según la cual “el lugar y el momento consumativo han de precisarse conforme al verbo definitorio de la acción u omisión punible”, es decir dónde y cuándo se pagó la extorsión. Como la planificación, los actos preparatorios y el pago de 15 mil dólares a D’Alessio se hicieron en la Capital corresponde a la jurisdicción porteña, dijo. La reunión de D’Alessio con el fiscal Carlos Stornelli en Pinamar, que fue grabada por Etchebest, para el fiscal no es relevante

De todos modos, Pettigiani hizo reservar de su potestad de recurrir a la Cámara Nacional de Casación Penal, si la cámara federal de Mar del Plata rechaza su pedido de incompetencia.

Por otra parte, el fiscal Stornelli recusó el viernes a uno de los miembros del consejo que debe recomendar si incurrió en mal desempeño de sus funciones al no concurrir a prestar declaración indagatoria ante Ramos Padilla. Ahora, será el propio procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien deberá definir la suerte del planteo realizado por Stornelli, quien objetó la participación de su par Alejandro Alagia en el Consejo Evaluador que el lunes último se reunió por primera vez para comenzar a evaluar su conducta. Alagia integra  la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.

Como fundamentación de la recusación planteada en su contra, Stornelli dijo que Alagia, en declaraciones formuladas al programa de TV ultrakirchenista “6, 7, 8”, que se emitía por la Televisión Pública, había afirmado en febrero de 2015 que había “fiscales de instrucción federal manipulados por los servicios de inteligencia, que no nos permiten ingresar y se adueñan de los expedientes”.

Esos dichos, expresados pocos días después de que el fiscal Alberto Nisman fuera encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero, se enmarcaron en su crítica a la convocatoria por parte de fiscales a una marcha para reclamar justicia por la muerte del jefe de la Unidad AMIA.

“Una marcha de comisarios exigiendo seguridad genera tanta incertidumbre como esta marcha de fiscales pidiendo justicia”, había aseverado en ese contexto el fiscal Alagia.

Junto a sus pares Julio Piaggio, Guillermo Pérez de la Fuente, Alejandra García Netto y Oscar Ciruzzi, Alagia conforma el Consejo Evaluador que debe analizar la conducta de Stornelli en la causa que investiga una supuesta red de espionaje ilegal con la participación de fiscales, jueces, políticos y agentes de inteligencia.

En el marco de la primera reunión de ese Consejo Evaluador, realizada el lunes último, fue analizada la recusación planteada contra Alagia por Stornelli, que resultó rechazada.

Como es de rigor, ahora será el propio procurador General de la Nación quien deberá decidir si se da lugar o no al planteo de Stornelli, lo cual, en los hechos, abre un compás de espera en el trabajo del Consejo Evaluador, que debe aguardar la definición sobre este punto de Casal.

Además del sumario en el que se analiza la conducta de Stornelli por no haber concurrido a prestar declaración indagatoria, existe otro sumario en el que se evalúa el desempeño del fiscal porteño por el propio contenido de la denuncia por presunta extorsión y espionaje ilegal

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