PUERTO MADRYN.- Un exjefe de la Policía de
Chubut
y exdiputado provincial es acusado por
abuso
sexual contra sus
hijastras hace unos 20 años.
En respuesta, el acusado, Juan Ale, recusó a la jueza que interviene en la causa, Patricia Reyes, y solicitó su prescripción, además de enfatizar que en su caso no debería aplicarse la “Ley Piazza” porque los hechos denunciados no ocurrieron cuando estaba vigente. La fiscalía se opuso y pidió llevarlo a juicio. Ahora, otras dos magistradas deberán resolver si elevan la causa a juicio oral.
El año pasado, Reyes resolvió abrir la investigación contra Ale, jefe policial durante las gestiones del fallecido exgobernador Mario Das Neves, por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia en modalidad de delito continuado, en perjuicio de dos niñas, a finales de los 90.
Se trata de las hijas de su pareja, quienes denunciaron las violaciones en 2017, cuando ya eran mayores. Según la denuncia, los hechos ocurrieron cuando las chicas tenían 9 y 10 años.
La última audiencia por el caso se realizó el jueves pasado en los tribunales de Puerto Madryn. El comisario retirado, patrocinado por el abogado Adrián Sandoval, insistió en su planteo de la prescripción de los delitos, cometidos -según la acusación de la fiscalía- entre 1998 a 2001, cuando las víctimas eran menores.
Además pidió no aplicar la “Ley Piazza”, bautizada así por el diseñador de modas Roberto Piazza, porque en ese entonces no estaba vigente. Esta ley modificó el Código Penal y prevé “una regulación especial, en cuanto suspende el plazo de prescripción para estos delitos cuando la víctima es menor de edad y sufre delitos de integridad sexual”, explicaron fuentes de la Fiscalía de Puerto Madryn.
Según la investigación fiscal, las violaciones ocurrieron presuntamente entre 1998 y finales de 2001 cuando las víctimas eran menores y convivían con su madre y la pareja de ésta, el imputado Juan Luis Ale. El excomisario se desempeñó desde 2003 a 2011 como jefe de la Policía de Chubut. En éste último año en que fue electo diputado provincial.
La semana pasada, la fiscal del caso, María Alejandra Hernández, de la oficina de Violencia de Género e Integridad Sexual, acusó al comisario retirado por la presunta comisión del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia en modalidad de delito continuado en perjuicio de dos menores”. Pidió que vaya a juicio oral. En caso de ser condenado, la pena podría superar los 15 años de prisión.
Hernández explicó que “la ley 27.206 apunta a que los plazos de prescripción de los delitos contra la integridad sexual, en víctimas menores, empiezan a correr una vez que la víctima denuncia, independientemente de su edad”.
“Estamos en una nueva etapa y la ley busca proteger a los niños y adultos que pasaron por este tipo de delitos. Las víctimas que no hayan podido defenderse durante su niñez pueden hacerlo siendo mayores sin que el delito prescriba”, agregó.
Según Hernández, el planteo de Ale es “extemporáneo” y busca dilatar el proceso. La jueza Reyes hizo lugar a la fiscalía, pero de todas formas dispuso que resuelvan dos jueces. La decisión estará a cargo de Marcela Pérez Bogado y Stella Eizmendi.
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