En el nuevo procesamiento por la importación irregular de buques con gas natural líquido (GNL), el juez federal Claudio Bonadio vinculó los viajes del ex secretario de Coordinación Roberto Baratta para recaudar coimas con los pagos por esas compras de combustible sin licitación por un total de 15 mil millones de dólares. La cifra es casi un tercio de las reservas del Banco Central.
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La medida se basa en un nuevo peritaje, realizado por los especialistas Andrés Di Pelino y Eduardo Fernández, que determina que hubo sobreprecios en las compras de los buques y en los gastos portuarios. El magistrado sostuvo que “estas maniobras no fueron sucesos aislados, sino que se trató de un claro mecanismo ilegal de recaudación”.
Los kirchneristas decían que la causa de los buques de GNL se había caído, luego de que en el 2018 la sala I de la cámara federal porteña integrada por los entonces Eduardo Freiler y Pati Ballestero, en contra de la opinión de Leopoldo Bruglia, desestimaron un primer procesamiento dictado por Bonadio. El argumento fue el peritaje equivocado del experto David Cohen que había hablado de sobreprecios por 7 mil millones de dólares.
Ahora el juez, basado en la denuncia del fiscal Carlos Stornelli, citó las anotaciones del chofer de Baratta, Oscar Centeno, referidos a los supuestos pagos por esta operación. Por ejemplo, Centeno con fecha 14 de mayo de 2008 lo trasladó a Baratta “al domicilio sito en Córdoba 1255 donde funciona el estudio jurídico de Roberto Nicolás Dromi San Martino y José Roberto Dromi”. Escribió textualmente: “17:00 Ministerio lo llevé al lic a TGM a una reunión y luego fuimos a Córdoba 1255 se reunió con Roberto Dromi y regresamos”.
En cuanto al nuevo peritaje de diciembre de 2018, en el fallo se señala que los expertos Di Pelino y Fernández señalaron que “el Gobierno implementó la contratación original de cuatro cargamentos de GNL a entregarse en el invierno 2008 por parte de Repsol por intermedio de ENARSA y a través de intermediarios”. Así las cosas, destaca Bonadio, “resulta irrazonable que el Estado, contando con la empresa ENARSA, creada precisamente para llevar adelante este proceso, agregue un costo adicional pagándole a intermediarios para que realicen las actividades que son competencia de dicha empresa, generándose mayores costos indebidos a las operaciones y un desvío de fondos a favor de terceros”.
Luego se quejó de la falta de controles internos en ENARSA que “impidió el seguimiento y control adecuado y pormenorizado para cada uno de los planes” de compras, como resaltó el informe realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el 2010 en tiempos que la manejaba el radical Leandro Despouy.
Pese a que los reglamentos de ENARSA obligaban a una licitación o concursos cerrados de precios, se optó por adjudicaciones directas en las compras de GNL. Otro punto es referido a la diferencias entre los montos informados por ENARSA en concepto de transferencias del Tesoro y los depósitos efectuados en la cuenta del Banco de la Nación Argentina para estas compras. Solo en el año 2009 existía “una diferencia de $197.412.984 correspondientes a doce depósitos para el pago de gasoil que no fueron informados por ENARSA e inconsistencias entre los distintos informes confeccionados”. Además, los auditores de la AGN “verificaron la ausencia de supervisión y control por parte de ENARSA en el Puerto de Ingeniero White, donde se realiza toda la operación de regasificación y debe controlarse el volumen de GNL efectivamente descargado”.
Para el juez, “semejante estructura ilegal al momento de importar GNL, que no podía ser desconocida por la entonces presidenta de la Nación Cristina Elisabet Fernández; la cual estuvo integrada por el resto de las personas imputadas en la causa- cuyas funciones y actividades fueron mencionadas- utilizando a ENARSA en una primer etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos de GNL y luego tercerizando el proceso -a partir del 12 de noviembre de 2012- en otra empresa -YPF- que comenzó a realizar la gestión de compra -es decir, a desplegar lo que antes hacía ENARSA, pero ésta continuaba adjudicando y pagando”.
En cuanto al rol de Walter Fagyas -un hombre de confianza de Baratta-, el magistrado sostuvo que “participó activamente del proceso de recaudación instaurado en el ex Ministerio de Planificación Federal. Un ejemplo de ello, son las citas (del cuaderno de Centeno) de los días 3 de junio de 2009 y 20 de diciembre de 2010, en las cuales surge que Walter Fagyas le entregó dinero a Baratta en el domicilio de la calle Malabia 2166 de esta Ciudad; como también aquélla del día 19 de noviembre de 2009 donde se hace referencia al reparto de dinero de varios de los imputados, uno de ellos Fagyas”.
Por su parte, Fagyas se encontraba con Baratta al momento de efectuar “las entregas de dinero a Daniel Muñoz en el domicilio sito en la calle Uruguay 1306 de esta Ciudad, los días 26 de mayo de 2009 y 9 de junio de 2010”, donde vive la familia Kirchner.
Por último, durante el período investigado, Fagyas mantuvo desde sus teléfonos celulares “un total de cuatro mil trescientos cuarenta y siete comunicaciones telefónicas con Baratta”, con De Vido 16 y varias con el socio de Cristóbal López, Fabián De Souza.
