Legisladores porteños manifestaron opiniones cruzadas sobre la imputación que la justicia de la Ciudad realizó contra padres de alumnos que en 2018 participaron de tomas de establecimientos educativos y mientras desde el oficialismo se ponderó la medida, la oposición la rechazó sin disidencias.
El diputado Claudio Romero, del bloque oficialista Vamos Juntos, apoyó la decisión del fiscal Carlos Rolero Santurian y sostuvo que la medida servirá como “ejemplo” y “precedente” para el resto de la justicia ante la posible reiteración de las tomas en colegios.
“Debería servir para que reflexionemos los padres. Nosotros no hablamos con nuestros hijos de educación sexual, queremos que lo haga la escuela o que se haga cargo el Estado. Nunca los padres nos hacemos cargo de las cosas que omitimos”, afirmó Romero.
El diputado evaluó la decisión del fiscal como “la oportunidad para que le digamos a nuestros hijos que tienen derechos pero que los demás tienen derechos y que los tienen que respetar”.
Desde el bloque de Unidad Ciudadana, Javier Andrade manifestó su preocupación y dijo que al Gobierno porteño “le molesta la participación real” de los estudiantes. “Está todo bien con las encuestas por Internet que ni siquiera se molestan en cumplir. Pero los pibes y la comunidad en su conjunto quieren participar activamente”, señaló Andrade a periodistas acreditados en el palacio legislativo.
Gabriel Solano, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, dijo que rechaza “terminantemente el fallo” que “busca convertir a la familia en una institución represiva donde los padres tienen que llevar adelante una política de castigo para con sus hijos cuando ellos luchan por la defensa de la educación públicas”.
